“La macroeconomía argentina que deja a muchos fuera de competencia en muchas actividades tradicionales del campo argentino”.
Con ese tono crítico habló con Bichos de Campo el coordinador de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robin, quien explicó: “Hay que diferenciar a aquellas actividades que producen para el consumo interno y que atraviesan los vaivenes por la baja actividad comercial. También hay que mirar el mercado externo, ya que hay más de 15 complejos productivos que llegan a la exportación; y ahí hay más complejidad, por los altos costos internos”, indicó.
En ese sentido explicó que “la presión fiscal nacional y el alto costo en dólares que significa el transporte interno, con el costo del gasoil más caro de toda la región, nos agobia mucho”.
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Robín añadió que “en términos de dólares, el costo laboral argentino también es un problema”. Para poner un ejemplo citó al sector productor de arándanos. “Un jornal de 8 horas cuesta 40 dólares, mientras que en Perú el mismo jornal es pagado unos 15 dólares. Eso se ve en toda la zona de frontera nacional, donde ciudadanos comunes la cruzan para comprar productos de la canasta familiar, y así obtener un costo más bajo. Eso lógicamente pega en las exportaciones tradicionales como en peras, manzanas, el sector vitivinícola y los cítricos dulces”, enumeró.
¿Hay alternativas para bajar ese costo? El dirigente de CAME recordó que “el Gobierno anunció y homologó la ley Pyme que baja la presión impositiva. Luego de su salida, más del 50% de las pymes del campo se adhirieron. El problema es que la misma no se terminó de regular. El artículo 11 de esa ley establece que los beneficios de la norma serán incrementados entre un 5% y un 15% cuando se trate de las denominadas economías regionales. Pero justo ese artículo que viene a dar un beneficio especial a las economías en crisis, no se reglamentó”, se quejó.
Además, sólo siete provincias se han adherido a esa Ley. “El hecho de que se sumen provincias nos asegurará que no se incrementen los impuestos provinciales. En el caso de Tucumán, la legislatura de esa provincia sancionó la adhesión a la ley; sin embargo fue vetada por el Poder Ejecutivo provincial”, lamentó Robín.
