El reglamento antideforestación de la Unión Europea genera dudas y resistencia entre productores ganaderos argentinos. Hay quienes advierten sobre una intromisión europea en la legislación nacional, otros temen que se utilice información fiscal y productiva para controlar sus establecimientos y también están los que reclaman una reacción más firme del Gobierno argentino.
Frente a esos cuestionamientos, Gerardo Leotta, investigador del Conicet, asesor del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC y coordinador de Visec Carne, explicó cómo funciona la plataforma y defendió su utilidad para mantener abierto el mercado europeo.
“Visec no certifica, no es una certificadora. Lo que hace es recopilar información, sistematizarla y ponerla a disposición del principal implicado en este baile, que es el importador”, aclaró. La explicación es importante porque el reglamento europeo 1115 no establece un requerimiento directo hacia la Argentina: obliga al importador a demostrar ante las autoridades comunitarias que la mercadería que ingresa cumple las condiciones exigidas.
La plataforma reúne a frigoríficos, entidades rurales como Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro, cámaras de consignatarios y otros eslabones de la cadena.
Según Leotta, ya cuenta con 57 importadores, 38 frigoríficos, 30.000 productores y 450 consignatarios. La adhesión es voluntaria y no tiene costo para los productores, aclaró Leotta.
Uno de los principales temores del campo es que Visec se convierta en una herramienta de control fiscal o comercial. Leotta lo negó y detalló que utiliza información pública de ARCA, del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, además de datos del SENASA autorizados por los productores.
“Nosotros no tenemos acceso al stock ganadero, no tenemos acceso a los precios, no definimos precios y tampoco sabemos la actividad de esos polígonos”, aseguró. Del SENASA solamente reciben geolocalización y movimientos de animales. Tampoco entregan información a los organismos públicos de los que toman datos.
Sobre los cuestionamientos por la legislación argentina, sostuvo que Europa no está imponiendo sus propias leyes, sino que exige cumplir las del país de origen. Esto incluye normas laborales, fiscales, ambientales y de protección de áreas naturales. “La Unión Europea lo que está pidiendo es que se cumplan las leyes locales”, remarcó.
Leotta también respondió a los productores del norte que temen quedar excluidos por las tareas de manejo de la vegetación y control forrajero. Aseguró que la exigencia específica es no haber deforestado después de la fecha de corte establecida por el reglamento, el 31 de diciembre de 2020. Según sus estimaciones, solamente el 4,5% de los establecimientos ganaderos quedaría afuera por cuestiones vinculadas con la deforestación.
Además, explicó que existen alternativas para los campos que presentan situaciones particulares: se pueden revisar los análisis y solicitar la delimitación de subpolígonos para identificar qué sectores son aptos para producir animales destinados a Europa, aunque otra parte del establecimiento tenga restricciones.
También rechazó que el país deba responder dejando de vender carne a Europa, como proponen algunos productores. “Tenemos que expandirnos. Europa es uno de los principales mercados”, sostuvo. Consideró que cada productor tiene derecho a decidir si quiere abastecer ese destino, pero que el Estado debe ofrecer herramientas a quienes sí quieran hacerlo.
Por último, destacó que las autoridades argentinas están reclamando que el país sea recategorizado como de riesgo bajo en materia de deforestación, en lugar de riesgo estándar. Según afirmó, Cancillería y la Secretaría de Agricultura trabajan en ese objetivo.
“Estoy convencido de que termina siendo una oportunidad para la Argentina”, concluyó Leotta, quien considera que demostrar el cumplimiento de estas exigencias puede convertirse en una ventaja para posicionar la carne vacuna nacional en el mercado europeo.
