CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) nunca terminó de digerir bien la imposición de certificaciones a la producción de carne y soja que quiera exportarse a la Unión Europea (UE) a partir del 1° de enero de 2027, para asegurarse que esas producciones provengan de campos que no hayan sido deforestados.
Esa fue la exigencia que la UE impuso primero a sus importadores de commodities, que éstos trasladaron luego a sus proveedores de terceros países (frigoríficos y aceiteras), y que éstos quieren -en este último tramo- imponer ahora a los productores que les entregan la materia prima, finalmente los dueños de los campos, que deben ponerse -a los ojos de los europeos- a salvo de la deforestación.
CRA, como entidad de buen despliegue territorial, primero escuchó las quejas de sus socios del norte del país, que sconviven con el monte y son los primeros en estar bajo la lupa de esta política ambientalista. Por eso hace dos años se retiró del Visec, el mecanismo de certificación que adoptaron la mayoría de las empresas exportadoras locales. Fue consecuente en esto, irse de dónde no se sentía a gusto, aunque vale decir que, en el caso de la carne, sus representantes ante el IPCVA avalaron ese sistema en sintonía con los grandes frigoríficos exportadores.
Prácticamente todas las organizaciones representativas de los distintos eslabones del sector agropecuario atraviesan una crisis de representatividad que afecta luego sus vías de recaudación y supervivencia. Por eso hay muchas de ellas que han intentado montar sistemas de certificación para poder generar ingresos adicionales a los que aportan sus socios o representados. Lo hizo Aapresid con su “agricultura consciente”. Lo hace la Sociedad Rural Argentina en un sentido parecido. Y también comenzó a hacerlo el gremio UATRE, que ideó un sistema de certificación de buenas prácticas laborales.
Aquí también CRA sufre de una doble personalidad permanente, como en el caso de la carne y el Instituto de Promoción, porque sus dirigentes se alternan también en la conducción del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), donde conviven con los gremialistas del sector y que resulta clave para montar este tipo de certificaciones. Después de todo, el mecanismo que ideo la UATRE consiste en confirmar que una empresa exportadora cumple con estándares internacionales de contratación de sus trabajadores: que no utiliza trabajo infantil y menos esclavo, que aporta a la seguridad social, que los cosecheros habitan el campo en condiciones dignas.
La semana pasada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los dos monstruos se juntaron: tanto la UATRE como las organizaciones que continúan dentro del Visec, presentaron una nueva iniciativa compartida para aquellos productores que quieren mostrar y certificar cómo hacen las cosas. En este pacto explícito, ambos grupos dijeron que impulsarán una Constancia de Legalidad Laboral para certificar las condiciones de trabajo en los establecimientos agroexportadores argentinos.
En esa reunión estaban José Voytenco, el líder de la UATRE; el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, uno de los principales impulsores del Visec, y también Nicolás Pino, el presidente de la SRA, entidad que está protagonizando una visible pulseada con CRA para ver quien ostenta la mayor representatividad entre los productores.
Los objetivos de la presentación resultan hasta loables: ambos sistemas de certificación (el del Visec y el de los sindicalistas) presenten apoyarse mutuamente a la hora de “documentar el trabajo rural registrado y las condiciones laborales para cumplir con las exigencias de los compradores internacionales y el Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación (EUDR)”.
¿Y cómo funcionaría esta cooperación? Pues según se anunció el jueves, al momento de registrar o cargar los lotes de producción en la plataforma de Visec, el productor tendrá también la chance de incorporar esta constancia laboral validada por la UATRE y el Renatre. Según la presentación realizada, “el sistema contempla cruces de datos y verificaciones en el terreno para aportar evidencias documentales y geoespaciales sobre el empleo formal”.
Esta posibilidad de “verificaciones” en el territorio abrió un nuevo punto de fricción de las organizaciones que han abrazado la certificación como modo de vida (o como manera de generar recursos), y los siempre incómodos de Confederaciones Rurales.
“Ante el reciente anuncio del acuerdo entre UATRE y Visec, CRA considera necesario alertar a los productores sobre los alcances del sistema, que contempla el ingreso de representantes sindicales a los establecimientos rurales para verificar el cumplimiento de la legislación laboral”, alertó entonces en un comunicado la entidad agropecuaria.
Y machacó: “Resulta fundamental que los productores conozcan si las condiciones de adhesión implican autorizar visitas sindicales sin la intervención de los organismos públicos competentes. La legislación vigente establece que los delegados sindicales deben actuar acompañados por inspectores de la autoridad de aplicación y exclusivamente en carácter de veedores, conforme al artículo 43 de la Ley 23.551 y al artículo 26 de su Decreto Reglamentario 467/88”.
“La entidad reafirma su compromiso con el trabajo registrado y el cumplimiento de la legislación laboral, y sostiene que todo mecanismo privado de certificación debe respetar las competencias, los procedimientos y las garantías establecidos por las leyes argentinas”, cerró CRA su comunicado tomando nuevamente distancia.
En estos dilemas andan los dirigentes rurales, que parecen haber ingresado en el peor de los mundos: sus socios productores reniegan con la necesidad de incorporar sus campos al Visec, pero en IPCVA lo apoya activamente; y ahora sus socios reniegan de este segundo certificado laboral, pero el Renatre aportará la información necesaria para confirmar que estén en regla los papeles de los trabajadores.
