Durante apenas diez días, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, Argentina quedó sin las restricciones que establece la Ley de Tierras para la compra de propiedades por parte de extranjeros. Ese breve período, abierto por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, parece haber sido suficiente para que algunos actores del mercado inmobiliario buscaran aprovechar la oportunidad.
Así lo advirtió el Observatorio de Tierras –espacio de investigación académica integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, en el marco del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA- que detectó que una inmobiliaria de Chubut promocionó, incluso en inglés, un establecimiento de casi 3.000 hectáreas con lago privado, laguna y acceso a distintos cursos de agua.
Según reconstruyeron, el 26 de septiembre, tres días antes del primer fallo de la Corte, apareció en Instagram una cuenta llamada Loma Alta Propiedades, presentada como una inmobiliaria especializada en inversiones rurales en la Patagonia.
Sin embargo, la primera publicación que llamó su atención llegó el 30 de septiembre, apenas un día después de que quedaran sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras. La empresa ofrecía un establecimiento ubicado en Alto Río Pico, Chubut, acompañado de una descripción en castellano e inglés: “Con gran costa de lago, laguna y río. Un campo de gran superficie, con aptitud turística y forestal, y acceso directo y exclusivo a sus propios espejos de agua”.
De acuerdo con datos publicados por La Nación, la propiedad tiene 2.943 hectáreas, un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico.
Tres días después, el 3 de octubre, Loma Alta publicó una serie de placas dirigidas específicamente a compradores extranjeros. Bajo la pregunta “¿Por qué invertir en la Patagonia?”, ofrecía información sobre “lo que todo inversor extranjero debería saber” y destacaba el valor de las tierras patagónicas por sus recursos naturales.
Pero fueron dos de esas publicaciones las que encendieron las alarmas del Observatorio. Una de ellas anunciaba “Volvió el interés extranjero por el campo argentino” y contenía una advertencia que evidenciaba el conocimiento de la inmobiliaria sobre los cambios judiciales: “Hoy no rigen los topes nacionales de la ley 26.737, pero el tema sigue en discusión y puede cambiar”. La siguiente placa ofrecía acompañamiento legal para concretar operaciones.
Cabe recordar que la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011, establece límites a la titularidad extranjera de inmuebles rurales y prohíbe la adquisición, por parte de extranjeros, de propiedades que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. También fija restricciones específicas para zonas de seguridad de frontera.
¿Y cómo se abrió esa ventana de diez días? La discusión se remonta a diciembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei incluyó en el artículo 154 del DNU 70/2023 la derogación de esta normativa. La medida fue judicializada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
En marzo de 2024, la Cámara Federal de esa ciudad declaró inconstitucional el artículo del DNU que eliminaba la normativa, decisión que mantuvo vigentes sus restricciones. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó ese fallo al considerar que el CECIM no tenía legitimación para impulsar la demanda, lo que dejó sin efecto las restricciones.
Diez días después, el 9 de octubre, la Corte intervino en otra causa, iniciada por la organización ambientalista Árbol de Pie, presidida por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. En esta oportunidad, dispuso suspender provisoriamente los efectos del artículo 154, restituyendo de manera temporal la Ley de Tierras.
Claro que la discusión judicial no terminó. La Corte no resolvió la cuestión de fondo y ahora será el juez federal de Bariloche Leandro Agustín Gómez Constenla quien deberá intervenir en la causa.
Ahora bien, al intentar identificar a Loma Alta Propiedades, los investigadores del Observatorio encontraron otra particularidad: la empresa no aparecía inscripta bajo ese nombre. Según dieron cuenta, en el portal Zonaprop, los inmuebles promocionados estaban vinculados a Martín Gough, corredor inmobiliario matriculado Nº 71. En el Boletín Oficial de Chubut, Gough figura como socio y directivo de Ameghino 830 Propiedades, una firma constituida en octubre de 2025 junto con Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo.
Para el Observatorio, este vínculo abrió interrogantes sobre la verdadera estructura comercial detrás de los avisos de Loma Alta.
Entre el 12 y el 13 de octubre, las últimas tres publicaciones de Instagram de Loma Alta fueron eliminadas, al igual que el aviso de venta del campo en su web.
Hasta el momento no se acreditó que alguna venta de estas características se haya concretado durante ese período. Por tal motivo, los responsables del informe reclamaron una intervención de los gobiernos provinciales para determinar qué sucedió realmente.
“Desde el Observatorio de Tierras entendemos que una regulación tan importante para proteger nuestras tierras, ríos y lagos debe quedar firme con la caída del DNU 70. Por otro lado, se vuelve urgente que los gobiernos provinciales establezcan mecanismos para obtener rápidamente información respecto a lo sucedido en la ventana temporal abierta por la Corte Suprema de Justicia”, concluyeron en el informe.
