A 5 meses del cierre del aserradero y el despido de sus 130 trabajadores, la Justicia decretó finalmente la quiebra de Linor SRL, que supo ser una de las plantas madereras más importantes de Misiones y quien abastecía de pallets a las principales firmas de consumo masivo del país.
Desde que se decidió el cese de actividad, en mayo, los trabajadores habían denunciado el intento de vaciamiento de la planta ubicada en Azara, en el sur provincial. Ahora, con salarios e indemnizaciones adeudadas, el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas acusó a la firma de “incumplimiento de un acuerdo preventivo” y ordenó incautar sus bienes y documentación, bloquear cuentas y hasta prohibir la salida del país de uno de sus dueños.
La medida, que había sido dispuesta a mediados de septiembre, fue publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones y enmarcada en un procedimiento de “quiebra indirecta”, donde la que la exige es la Justicia y no la propia empresa.
Tal como había contado Bichos de Campo, el cierre del aserradero había sido el final de una larga deriva para Linor, que afrontaba una deuda fiscal de más de 500 millones de pesos, obligaciones pendientes con el sindicato y no era ajena a los altos costos y la crisis generalizada que permea a la forestoindustria.
Sin embargo, antes de la decisión de adelantar vacaciones a sus 130 operarios y detener la actividad, desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera ya advertían que la situación administrativa de la firma era irregular. A pesar de sostener las ventas, con pallets y tarimas enviadas a las principales marcas de consumo masivo del país y hasta la exportación de kits a Brasil, acarreaban importantes problemas financieros.
Por eso, el cierre fue mirado con recelo por el gremio y sus trabajadores, que, ante la sospechas de vaciamiento, decidieron en aquel entonces montar guardias alrededor de la planta y lograron un amparo judicial. Con los telegramas de despido llegó un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometía a saldar las deudas salariales y patronales.
Acusada de haber incumplido con esas obligaciones, ahora la familia Lorenzo, dueña de Linor, enfrentará un proceso judicial.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8, a cargo de la doctora Adriana Beatriz Fiori, estableció que Linor comience el proceso de “quiebra indirecta”, que dispone una serie de medidas para preservar el patrimonio de la empresa y determinar cuánto se les debe a los acreedores, los trabajadores y el sindicato.
Entre ellas, ordena “la inmediata entrega de bienes a la Sindicatura Plural, e incautación de inmuebles, instalaciones, maquinarias, rodados, libros laborales y documentación”, un proceso que, aclaran, puede llevarse a cabo “con auxilio de la fuerza pública, faja de clausura y allanamiento si fuere necesario”.
Asimismo, se dispuso la inhibición total de Linor, el bloqueo e indisponibilidad general de cuentas bancarias, depósitos y valores, e interceptación de correspondencia.
El actual socio gerente de la firma, y quien fuera su fundador hace 20 años, Juan Carlos Lorenzo, fue además inhabilitado para salir del país hasta tanto se presente el informe general que arroje la situación del aserradero.
Para colaborar con dicho proceso, Lorenzo y los demás administradores fueron intimados a entregar los libros de comercio, registros laborales y documentación contable e impositiva en un plazo de 48 horas, “bajo apercibimiento de incautación compulsiva y allanamiento” si fuese necesario.
A cargo del proceso fueron designados los síndicos Raúl Enrique Karaben, Darío Alfredo Villalba, Fabio Marcelo Cassin y Ramón Justino Granada, en representación del Estudio Karaben, Granada, Villalba, Cassin y Asociados. Serán quienes deberán quedar a cargo de la documentación y los activos de Linor y, además, elaborar los informes que solicita la Justicia.
Entre ellos, se exige la presentación de un único informe laboral individualizado para conocer la situación de cada uno de los 130 trabajadores despedidos. Deberán consignar fecha de ingreso y de despido, las remuneraciones adeudadas e indemnizaciones, y clasificar los créditos anteriores o posteriores al concurso y la quiebra.
Presentado el informe laboral, para el cual hay un plazo de 30 días desde la incautación de los libros de la empresa, podrá conocerse en detalle cuánto es lo adeudado a los trabajadores y, mediante la liquidación de los bienes custodiados, saldar esos compromisos y terminar con la quiebra de la firma.
