El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 confirma que se sostiene la tendencia. Hasta ahora, en sus tres años de mandato el gobierno ha ejecutado sólo un tercio de lo recaudado para obras hídricas, y ha invertido gran parte de ese fondo fiduciario en activos financieros. Ni el “Súper Niño” ni las experiencias del 2025 cambian los planes.
Tras haber presentado su “ley de leyes” al Congreso, que empezará a debatirse a partir de octubre, es útil hacer un repaso por los proyectos que tiene el gobierno respecto a la infraestructura hídrica. La buena noticia es que en 2027 se proyectan más recursos y mayores transferencias para obras, pero en el ministerio de Economía ya se frotan las manos con lo que quedará disponible para “timbear”.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001, se abastece fundamentalmente de una tasa específica aplicada a la venta de combustibles y, como el resto de los fondos de ese tipo, es administrado con el Banco de la Nación Argentina como fiduciario.
Su objetivo es estrictamente el de financiar proyectos hídricos, como el trabajo sobre los canales, las obras de mitigación de inundaciones y la gestión del agua a nivel general. Pero, generalmente, parte de esos recursos no se vuelcan en su totalidad, incluso cuando son muy necesarios.
Para 2027, que comenzará con intensas lluvias, el gobierno proyecta ingresos por 510.724 millones de pesos para ese fondo hídrico y destinar 393.971 millones -un 77%- en obras. Según destaca el proyecto, el objetivo será “mejorar la calidad de vida de las personas y las condiciones económicas de distintas regiones del país, reduciendo el impacto negativo de recurrentes inundaciones y otras situaciones de emergencia que afectan a diferentes jurisdicciones involucradas”.
A priori, la promesa significa un aumento del 25% en términos reales de la inversión proyectada, y una notable mejora después del desplome de pagos que se registra desde 2024. Pero lo mismo se decía respecto al Presupuesto 2026, que preveía más de 260.000 millones para obras pero apenas se ha ejecutado una quinta parte.
Para el mes de junio, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica tenía más de 290.000 millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro, 247 millones en plazos fijos y unos 49.000 millones extra en depósitos a la vista. El triple de lo que efectivamente ejecutó el gobierno en casi estos últimos 3 años.
Y en el ministerio de Economía se frotan las manos, porque más allá del aumento de inversiones prometido, proyectan que el fondo dejará unos 113.130 millones de pesos libres que ya figuran en la columna de “inversiones financieras”. A priori, un 22% del total recaudado por el fondo en 2027 podrá ir a instrumentos como plazos fijos y lecaps.
Y el historial que viene sosteniendo el gobierno en esta materia no descarta que sea mucho más. En 2024, se ejecutó apenas un 12% de lo recaudado en materia tributaria (casi 11.500 millones de 93.000); en 2025 fue un 23% (43.000 millones sobre 184.000); y en lo que va del 2026 ya se ejecutó un 62% de lo que ingresó al fondo (61.000 millones de 97.000). Pero una parte muy importante se sigue guardando en activos financieros.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica será uno de los siete que aún sostiene el gobierno, tras la sangría que dejó la eliminación de muchos de los que estaban vigentes. La decisión es fundamentada: no sólo estos recursos son clave para la gestión hídrica, sino que además tienen un peso considerable en las cuentas públicas.
Para el año próximo, el total de los ingresos corrientes de estos fondos tendrá un aumento del 18,5% respecto al 2026. Esa diferencia, de más de 980.000 millones de pesos se explica en parte por el incremento en los ingresos impositivos para este fondo.
