La rosca mendocina se mete de lleno en la discusión por la lucha antigranizo. Mientras los productores miran al cielo esperando ver pasar los aviones que “bombardean” las nubes y ayudan a proteger las fincas, la política todavía discute quién debe pagar las cuentas. La interna entre Luis Petri y el gobernador Alfredo Cornejo le agrega condimentos a la disputa.
Desde que fue discontinuado en 2024, el plan de lucha aérea contra el granizo fue sostenido a medias entre la provincia y los principales municipios involucrados, San Rafael y General Alvear. Pero Cornejo avisó que la gobernación ya no mandará fondos y ahora se pasan la pelota para ver cómo cubrirán los 3000 millones de pesos que cuesta el servicio.
Apuntado desde varios frentes, a Cornejo ahora le responden desde la vereda propia, donde se agita la interna con el ex ministro de Defensa.
El senador provincial Walther Marcolini, ex intendente de General Alvear y miembro del bloque violeta, acaba de presentar un proyecto para que el Presupuesto 2027 incorpore una partida específica para la lucha antigranizo, de unos 1000 millones de pesos.
El legislador, que responde al armado de Luis Petri, había sido apuntado por el actual intendente de su localidad días atrás, que lo acusaba de no interceder por su gente. Mientras avanzan las tormentas de granizo en todo el sur provincial, y sin los aviones funcionando, Marcolini se metió en la discusión y pidió que Cornejo destine parte de sus fondos a financiar ese sistema. 
Los operativos lucha aérea contra las tormentas de granizo, un servicio clave para las fincas productivas de Mendoza, están vigentes desde hace más de 30 años. A pesar de su probada efectividad, en 2024, el actual gobernador dispuso discontinuar ese programa, y los que tomaron la posta fueron los municipios de General Alvear y San Rafael.
Hasta ahora, Cornejo había evitado soltarle la mano completamente a esas localidades y venía aportando algunos fondos. Para esta temporada, sin embargo, puso a disposición tres aeronaves y el sistema de radarización provincial más no abrió la billetera, lo que terminó provocando que el conflicto estallara.
Desde las intendencias reclaman los recursos económicos para pagar personal, combustible, tareas de mantenimiento y la propia pirotecnia utilizada por los aviones. Desprovistas de ese soporte, y con mayores costos por afrontar, se niegan a trasladar el compromiso a sus contribuyentes y afrontar el costo político.
La discusión permea al interior del radicalismo, donde empieza a tomar forma la interna entre el ex ministro de Defensa, Luis Petri, y el actual gobernador. Días atrás, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, expuso a su predecesor en una reunión en el Concejo Deliberante y le pidió aprovechar su cercanía con el Ejecutivo para intervenir.
Ese trasfondo explica la presentación que acaba de hacer Marcolini quien, desde el propio oficialismo, propone a Cornejo asumir nuevamente una parte del financiamiento de la lucha antigranizo. En vez de retornar al esquema gestionado históricamente, el proyecto propone sostener un esquema solidario en que provincia y municipios aporten fondos. Del mismo modo en que, por necesidad, ocurre desde 2024.
El monto propuesto, de 1000 millones de pesos, es incluso menor al aportado por la gobernación durante las anteriores campañas y busca ser incorporado directamente al proyecto de Presupuesto 2027 que ahora se discute en la legislatura mendocina.
Mientras tanto, el cronómetro corre para los productores, que exigen darle máxima prioridad a poner en funcionamiento el servicio y miran con preocupación cómo se “empantana” en la discusión política.
El que no espera, claro está, es el clima. En las últimas dos semanas se registraron varios episodios de granizo en las principales zonas productivas y los pronósticos prevén una temporada compleja, alimentada por la intensificación del fenómeno de El Niño de cara al último tramo del año.
