Entre el granizo y la minería, los productores del sur mendocino advierten que cada vez quedan menos herramientas para sostener las fincas
Hay malestar entre los productores del sur de Mendoza. La retirada del gobierno provincial de la lucha contra el granizo está dejando fincas abandonadas. Ante este panorama, los productores de Alvear y San Rafael afirman que todas las miradas provinciales están puestas en la minería, y ya no en los sectores productivos.
“En septiembre, octubre ya tienen que estar funcionando los aviones y no hay nada” reclamó ante Bichos de Campo Martín Moral, productor de General Alvear, en el sur de Mendoza, que apunta a un problema que se repite cada vez que se acerca la temporada de tormentas. La lucha antigranizo, un sistema que durante años contó con financiamiento provincial, quedó en manos de los municipios de San Rafael y General Alvear, que afrontaron los gastos de las últimas campañas. Ahora, la continuidad del operativo vuelve a estar en duda.
El reclamo tomó fuerza en los últimos días, cuando el municipio de San Rafael elevó una nueva nota al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, para que responda de manera concreta a los planteos sobre el funcionamiento del sistema. El municipio reclama respuestas a siete preguntas por sí o por no, luego de recibir una nota provincial enviada el 7 de septiembre que, según el funcionario, dejó varios puntos sin aclarar. “Queremos que quede bien en claro que San Rafael quiere la lucha antigranizo, que San Rafael necesita la lucha antigranizo”, sostuvo Sebastián Sáenz, secretario de hacienda de dicha localidad.
El funcionario recordó que San Rafael viene sosteniendo el servicio con fondos propios desde hace dos años, con recursos aportados por los contribuyentes del departamento. Según detalló, durante la primera campaña la provincia aportó los aviones, el sistema de radarización y el 50% de los costos operativos. En la temporada siguiente dejó de cubrir esos gastos, que pasaron a ser responsabilidad de los municipios, aunque todavía entregó un remanente de pirotecnia de la campaña anterior.
Ese material no alcanzó para completar el operativo y los gobiernos locales debieron comprar más insumos. Para la próxima temporada, el esquema propuesto por la provincia implicaría otro paso atrás. De acuerdo con Sáenz, Mendoza plantea ceder los aviones, pero dejar en manos de los municipios la compra de pirotecnia y el financiamiento de los costos asociados. “La verdad, ya en estas condiciones, como municipio, no podemos. Pero la necesitamos y la queremos”, afirmó el secretario de Hacienda.
El planteo municipal va más allá de la defensa de una herramienta para el campo. Sáenz sostuvo que la lucha antigranizo también alcanza al turismo y al conjunto de la actividad económica de la región.
Martín Moral, que participa de un grupo de WhatsApp integrado por entre 200 y 300 productores, advierte que la incertidumbre genera inquietud en una zona donde el granizo puede echar a perder en pocos minutos el trabajo de toda una temporada. El impacto es especialmente severo sobre los cultivos frutales, cuyos frutos pueden quedar inutilizados para la venta después de una tormenta fuerte.
La técnica consiste en hacer ingresar aviones a las nubes en desarrollo para liberar material mediante bengalas, con la intención de intervenir en el proceso de formación del granizo. El método es objeto de discusión y sus resultados dependen de las condiciones meteorológicas, por lo que no evita todos los daños. Pero para los productores que lo defienden, representa una herramienta de protección que no quieren perder.
Martín recuerda los efectos que una tormenta puede tener sobre una explotación. En 2010, según relató, una granizada provocó daños que terminaron empujando a productores de la zona a erradicar montes de ciruelos. La pérdida no se limita a la cosecha de un año. Cuando una finca deja de ser rentable, recuperar la producción requiere nuevas inversiones y varios ciclos hasta volver a generar ingresos.
La preocupación por el granizo se cruza con otra transformación más profunda. Hace unos 20 años, cuando llegó desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, Martín encontró una zona en la que la producción de uvas y frutas tenía un lugar central. Con el tiempo, la caída de los precios, la falta de rentabilidad y el aumento de los costos laborales lo llevaron a abandonar esas actividades.
Hoy trabaja con ganado y alfalfa bajo riego. En el camino, también fue incorporando campos vecinos que otros productores dejaron de explotar. Su experiencia refleja un cambio en la estructura productiva del sur mendocino, donde muchas fincas pequeñas encuentran cada vez más dificultades para sostenerse.
En General Alvear y San Rafael predominan, según describió, explotaciones de dimensiones reducidas, en muchos casos de entre 10 y 15 hectáreas. Para ese tipo de establecimientos, una mala campaña o una tormenta severa pueden tener consecuencias difíciles de revertir. Martín estima que muchas de las fincas de la zona están abandonadas. El abandono, además, no siempre implica que la tierra quede definitivamente fuera de producción. En algunos casos, las explotaciones se venden, se arriendan o terminan integradas a unidades más grandes. Martín advierte que esa dinámica puede derivar en una mayor concentración de la actividad, mientras los establecimientos chicos pierden capacidad para afrontar los costos de producción. “Va a tender a la concentración”, resumió.
La situación se desarrolla en una provincia que busca ampliar el peso de la minería en su matriz económica. Martín cuestiona esa orientación y considera que la promoción de nuevas actividades extractivas contrasta con las dificultades que atraviesan la agricultura y las economías regionales. Su preocupación se concentra especialmente en el agua, un recurso que resulta indispensable tanto para los cultivos como para otros proyectos productivos.
El productor sostiene que la región atravesó entre 16 y 17 años de dificultades hídricas, con disponibilidad de riego limitada durante buena parte del año. En la campaña actual, en cambio, las condiciones comenzaron mejor, con lluvias y una situación hídrica más favorable. Pero advierte que esa mejora no resuelve los problemas estructurales de las fincas ni despeja las dudas sobre el acceso futuro al agua.
La discusión sobre minería y producción agrícola también remite a la Ley 7722 de Mendoza, que establece restricciones al uso de determinadas sustancias químicas en la actividad minera metalífera. Martín teme que una expansión minera genere nuevas tensiones por el agua y plantea interrogantes sobre los controles ambientales. Son preocupaciones que forman parte de su mirada sobre el rumbo provincial, aunque sus posibles consecuencias deben analizarse caso por caso y con información técnica.
En su diagnóstico, el problema no se limita a la lucha antigranizo. Martín también menciona el retroceso de herramientas de asistencia y promoción que, a su entender, permitían sostener a los productores. Entre ellas cita al Instituto de Desarrollo Rural, al Fondo para la Transformación y el Crecimiento y al Fondo Compensador Agrícola, que ofrecía cobertura frente a daños climáticos a productores de vid y frutales. El estado actual de cada programa y el alcance de los cambios requieren una revisión específica, pero el planteo del productor es que la actividad dispone de menos instrumentos para enfrentar riesgos y períodos de baja rentabilidad.
“Lo que uno ve es que todo esto lo están dejando un poquito de lado, y lo otro se fomenta muchísimo”, dijo, en referencia a la diferencia que percibe entre el apoyo a la agricultura tradicional y el impulso a la minería.
Martín aclara que hoy la falta de lucha antigranizo no amenaza de la misma manera su explotación que cuando trabajaba con frutales. La ganadería y la alfalfa tienen una exposición diferente a las pérdidas que puede provocar una granizada sobre una cosecha. Sin embargo, insiste en que el problema afecta al conjunto de la región, desde los productores hasta las actividades comerciales y turísticas que dependen de una economía rural activa.
“Parece que Mendoza fuera como una Dubái argentina”, ironizó al cuestionar las expectativas depositadas en el desarrollo minero. Su temor es que el impulso a nuevas inversiones termine desplazando la atención de actividades que llevan décadas asentadas en el territorio y que sostienen a numerosas familias. “No queda mucho de qué agarrarse”, resumió.
