Es tiempo de descuento para la entrada en vigencia de la resolución 201/2026 del Senasa, aquella que habilita la libre elección de veterinarios para vacunar y desregula el sistema de entes sanitarios, que ha sido históricamente el que sostuvo las campañas de lucha contra la aftosa y la brucelosis.
De acuerdo con lo fijado por el organismo, la decisión comenzará a regir oficialmente a partir del 1 de enero de 2027, pero desde que fue publicada en marzo ha suscitado el rechazo de entidades rurales, productores y dirigentes por igual.
Ahora, es la Comisión Provincial de Sanidad Animal de la provincia de Buenos Aires (Coprosa) la que resolvió elevar una moción al Senasa para que revea dicha medida y no se olvide de consultar con el sector cambios de dicho tenor.
Como ha sucedido con otras decisiones del Senasa, no hubo siquiera consultas previas ni debates que prepararan el terreno para tamaña decisión. Y eso explica que, desde entonces, fueron muchos los pedidos formales al organismo para que diera marcha atrás con su decisión de desregular un modelo que funcionó con altos niveles de cobertura y que permitió sostener el estatus de “país libre con vacunación”.
Durante la última reunión que mantuvo la Coprosa -integrada por el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), Federación Agraria Argentina (FAA), Carbap, Coninagro, el Senasa y las Regiones Sanitarias 1, 2, 3 y 4- se decidió casi de forma unánime volver a insistir sobre dicho tema. El único que se abstuvo en la decisión fue el Senasa, desde ya.
Particularmente, la comisión resolvió elevar al organismo sanitario una solicitud para rever la resolución 201/2026, adecuar sus disposiciones a la Ley Nacional 24.305, reconsiderar la derogación de la resolución 368/2011 y avanzar en eventuales modificaciones de manera consensuada con todos los organismos intervinientes.
La resolución del 2011 que allí se menciona, de la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contemplaba la intervención de veterinarios privados, pero dentro del marco organizativo de los entes. Estas fundaciones integradas por productores fueron creadas con el fin específico de organizar las campañas, fiscalizar el proceso y garantizar la cobertura territorial de las campañas antiaftosa y anti brucelosis. Y han demostrado tener sobrado éxito en sus más de 20 años de existencia.
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Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, cuestionó que durante el debate no se hayan presentado argumentos que permitan demostrar una mejora sanitaria a partir de la nueva normativa y fue tajante con la decisión del Senasa.
“La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar. Si ponemos el eje en los aspectos sanitarios, acá no ha habido ninguna argumentación a favor de que esto mejora en este sentido”, expresó.
Uno de los principales argumentos planteados por las entidades rurales, que fue incluso replicado en la reunión de la comisión es el riesgo de que los pequeños productores encuentren dificultades para acceder a la vacunación si el nuevo esquema genera un desplazamiento de los entes sanitarios hacia un sistema basado en la contratación individual de veterinarios.
“Un veterinario, un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a cien”, apuntó Rodríguez.
Es de recordar que una de las bases del sistema actual, gestionado por los propios productores, es el principio de solidaridad: el ente sanitario acude a todos los establecimientos, independientemente de su escala, y es lo que permite una cobertura territorial completa.
En ese sentido, desde Coprosa también plantearon dudas sobre el impacto que tendría sobre la sostenibilidad económica del sistema el hecho de que establecimientos más grandes opten por modalidades individuales mientras los productores pequeños permanezcan dentro de los entes.
Restan apenas cuatro meses para que, de acuerdo a lo fijado por Senasa, entre en vigencia la nueva decisión. Pero el sector alega que faltan aún detallar precisiones técnicas e información sobre su implementación, por lo que Coprosa también pidió formalmente al organismo delimitar los pasos a seguir
“No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 de diciembre digan ‘se prorroga un año’ o lo que sea”, dijo Rodríguez.
Según señalaron tras el encuentro, el planteo de la comisión apunta a “revisar integralmente” la Resolución 201, más que meramente derogarla, y “construir las modificaciones mediante un proceso consensuado, preservando las garantías sanitarias existentes”. En ese sentido, se acordó conformar una comisión específica dentro de la Coprosa para analizar la implementación de la normativa y elaborar propuestas en conjunto con el Senasa.
