16 Sociedades Rurales del Sudeste de Buenos Aires reiteraron su rechazo a la Resolución 201/2026 del Senasa, que habilita desde el año próximo la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica.
La nueva manifestación surge ante la ausencia de una respuesta formal del organismo al documento presentado por CARBAP, donde se advertía que el cambio normativo podía comprometer la estructura sanitaria que sostuvo las campañas durante más de dos décadas.
La resolución en cuestión forma parte del proceso de apertura que el Senasa impulsa para “modernizar” la operatoria y ampliar la participación privada. El punto central es que modifica el esquema tradicional en el que los entes y fundaciones regionales organizaban y ejecutaban las campañas, mientras el organismo estatal supervisaba su cumplimiento.
Para las rurales, este giro altera un modelo que funcionó con altos niveles de cobertura y que permitió sostener el estatus de “país libre con vacunación”. También genera dudas sobre cómo se articulará con normas previas, como la Resolución 368/2011, que ya contemplaba la intervención de veterinarios privados, pero dentro del marco organizativo de los entes.
“Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque”, expresaron las entidades de forma conjunta en un comunicado de prensa.
Las entidades recuerdan que el sistema de entes nació tras la crisis de 1999, cuando la suspensión de la vacunación derivó en un brote generalizado y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, las campañas se realizaron de manera ordenada, con inmunidad en bloque y con un principio de solidaridad que garantizó un costo uniforme para todos los productores, independientemente del tamaño de sus rodeos. Ese esquema, afirman, fue la base para recuperar y sostener la condición sanitaria que habilita el acceso a los mercados internacionales.
El rechazo también se apoya en aspectos económicos y de gobernanza. Las rurales advierten que la libre elección de veterinarios atomiza la operatoria, dificulta la auditoría del Senasa y vuelve inadministrable la trazabilidad de las campañas, incluida la cadena de frío de las vacunas.
A la vez, introduce incertidumbre financiera, ya que los entes ya no podrían elaborar presupuestos porque desconocerían cuántos animales atenderán ellos y cuántos quedarán en manos de veterinarios privados. Según las entidades, esta situación pone en riesgo la continuidad de muchas organizaciones y compromete la capacidad de sostener un sistema que históricamente se financió con aportes de los propios productores.
En el plano político-sectorial, las rurales remarcan que el reclamo de CARBAP aún no recibió respuesta formal y que la medida podría generar tensiones crecientes si otras regiones se suman. Sostienen que la resolución desarma un esquema que permitió controlar y erradicar la fiebre aftosa y que, de avanzar sin modificaciones, nadie podrá garantizar la vacunación total del rodeo nacional.
Por todo esto, las Sociedades Rurales del Sudeste bonaerense pidieron al Senasa rever la medida, ajustarse a lo establecido en la Ley 24.305 y reconsiderar la normativa que ya permitía la participación privada dentro del sistema de entes. También propusieron avanzar hacia un control conjunto entre Estado y privados para monitorear costos y funcionamiento, y trabajar en modificaciones consensuadas que preserven la estructura sanitaria y permitan seguir avanzando en la lucha contra la enfermedad.
En concreto, los ruralistas enumeraron las acciones que, según entienden, se deberían tomar:
“Las Sociedades Rurales del Sudeste bonaerense abajo firmantes proponemos al Senasa:
- Rever la medida dictada.
- Ajustarse a lo establecido en la Ley 24.305, artículos 7° y 8°.
- Reconsiderar la Resolución 368/2011, que ya permitía la participación del veterinario privado en la comercialización y aplicación de las vacunas dentro del marco organizativo de los entes.
- Establecer un sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos.
- Practicar las modificaciones necesarias con el consenso del Senasa, los entes y representantes de los productores para garantizar un mejor sistema sanitario de cara a mantener el status sanitario y avanzar en la lucha contra la enfermedad.
A su vez, las entidades ruralistas deslindaron responsabilidades ante eventuales fallas sanitarias futuras si la Resolución 201/2026 entra en vigencia sin cambios, y recordaron que la fortaleza del sistema siempre residió en la gestión y el financiamiento directo por parte de los productores.
“En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro”, finalizaron.
