Esta semana, y por unanimidad, el Senado provincial de San Luis dio sanción definitiva al Régimen de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el propio gobernador Claudio Poggi que replica el modelo cordobés y permite la participación de los productores rurales en la gestión de la red provincial.
En articulación con el Estado, se crearán consorcios para administrar más de 4600 kilómetros de caminos rurales. El sistema prevé la división en 17 circuitos de aproximadamente 200 a 250 kilómetros cada uno, en los cuales los productores definirán cómo llevar adelante la conservación, mantenimiento y mejoramiento a partir de las partidas estatales.
La cuestión de la logística productiva es un tema recurrente en la agenda del sector, tras lo que fueron décadas con crecimiento y concentración de la producción y ante fenómenos climáticos, como intensas lluvias e inundaciones que complican la transitabilidad. De forma cíclica, una y otra vez se señala a los gobiernos locales y provinciales por el estado de la infraestructura vial.
Con ese diagnóstico, desde el propio oficialismo sanluiseño se impulsó el régimen para promover la creación, organización y funcionamiento de consorcios camineros, emulando la experiencia cordobesa. Allí, los productores conforman asociaciones civiles sin fines de lucro en cada región y coordinan con el Estado provincial el mantenimiento y las obras necesarias sobre la red de caminos.
Todos estos, lugares por donde no sólo transita la producción sino también la vida social misma de la ruralidad.
“Esta ley constituye un primer paso para comenzar a brindar respuestas a una demanda histórica”, expresó, durante la sesión llevada a cabo este martes, el senador provincial Adolfo Castro Luna, quien recordó que en los últimos 30 años la producción de la provincia escaló de 200.000 a 1.200.000 hectáreas y que la iniciativa se ha discutido desde 2022 en adelante con el sector.
El esquema aprobado diferencia distintos niveles de intervención sobre los caminos, contemplando la conservación, el mantenimiento periódico y las obras de mejoramiento estructural, para adaptar las respuestas a las necesidades concretas de cada traza. La planificación preliminar contempla 17 circuitos de aproximadamente 200 a 250 kilómetros cada uno, que estarán vinculados a consorcios integrados por productores, vecinos e instituciones locales.
“El Estado no deja de tener responsabilidad. Por el contrario, acompaña y apoya a los consorcios con equipamiento y experiencia”, aclaró el legislador oficialista, ya que la ley faculta a la autoridad de aplicación a aportar el equipamiento básico inicial y su reposición una vez agotada su vida útil. Si es necesario, puede también otorgar subsidios para su adquisición.
Los convenios celebrados en el marco del régimen estarán exentos del Impuesto de Sellos y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Para financiar las tareas de conservación, mantenimiento y mejoramiento de la red, el proyecto establece la creación del Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (FONOPA), que estará integrado por el 100% de la recaudación vinculada a guías y certificados de ganado y frutos y por el 50% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.
Es lo que permitirá asegurar la provisión de los recursos necesarios sin necesidad de aumentar impuestos o utilizar otras partidas, sino simplemente utilizando aquellos tributos que se destinan específicamente a esta actividad. “Esta es una forma de canalizar ese pedido a través de este proyecto de ley, conformando un circuito virtuoso para que, si el sector cumple con sus obligaciones, tenga también mayores respuestas”, afirmó Castro Luna.
