Tal como lo había anunciado en la apertura de sesiones legislativas provinciales, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto acaba de presentar formalmente el anteproyecto que busca incluir al sector privado en la gestión de los caminos rurales mediante un sistema de consorcios muy similar al cordobés.
Se trata de un anteproyecto porque primero fue virado a todas las intendencias provinciales, organizadas en 10 regiones, para habilitar una instancia de evaluación antes de ser enviado a la legislatura. Cabe señalar que la iniciativa se postula como complementaria al actual sistema, por lo que, de aprobarse, cada municipio podrá decidir si migra hacia los consorcios o no.
“La ley dará un marco legal a un planteo histórico del sector productivo: cómo mejorar la administración del mantenimiento de los caminos vecinales. La propuesta es que el sector privado no solo pueda realizar aportes, sino también participar en la toma de decisiones”, señaló Ziliotto en la reunión que mantuvo días atrás con los principales mandatarios de la provincia.
El modelo más extendido se ubica hoy en Córdoba, donde los consorcios camineros mantienen más de 50.000 kilómetros de red en conjunto con la dirección provincial de Vialidad. También los hay en Chaco, amparados por una ley específica, y dispersos por municipios entrerrianos, santafesinos, bonaerenses, tucumanos y santiagueños. En esos últimos casos, se trata ya de iniciativas particulares.
La propuesta impulsada en La Pampa busca más bien imitar el caso cordobés, por lo que la normativa provincial establece la creación de consorcios camineros como personas jurídicas de derecho público no estatal, integradas por productores rurales, entidades vinculadas a la actividad productiva y gobiernos locales.
La función de estas entidades será la de ejecutar obras de construcción, conservación y mejoramiento de la red terciaria, es decir aquellos caminos rurales que pertenecen a la órbita municipal.
Como son personas jurídicas, los consorcios tendrán capacidad para celebrar convenios, y administrar recursos. En ese caso, se creará un fondo específico, administrado por la dirección de Vialidad, que se abastecerá de aportes provinciales, municipales, de productores, organismos nacionales e internacionales, y de donaciones y contribuciones.
Los fondos provinciales, que se abastecen principalmente del impuesto inmobiliario básico, se asignarán de acuerdo a la extensión de la red atendida, el nivel de transitabilidad, el volumen de producción de la zona y las necesidades de mantenimiento, y será el Tribunal de Cuentas de la Provincia el que controlará ese proceso.
