Casi de forma personal, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se está cargando una serie de normas dentro del sector agropecuario, entienda o no de qué se trata. El pelado funcionario parece estar engrosando la lista de medidas que deroga para poder mostrar algún día, ese listado como récord y vanagloriarse del mismo. Algo de eso ya vimos, pues la gestión del presidente Javier Milei se ufana de ser el gobierno más reformista y desregulador de la historia, apoyado, principalmente en las acciones de Sturze, quien las lleva a cabo.
El récord al que llegará el “coloso” -como lo llama el presidente- incluirá en ese listado una serie de medidas sanitarias que por antiguas, no son obsoletas, pues estaban para resguardar la producción de muchas economías regionales. Dicho sea de paso, economías regionales que la vienen pasando mal debido a la caída de consumo interno en Argentina. Ahora el frente es también sanitario.
Lo cierto es que Sturzenegger, en ese afán desregulador, está quitando muchas de las espaldas que tenían los ciudadanos luego de la década de los ´90, ya que la gran cantidad de medidas que se están bajando fueron dictadas a partir del año 2001, momento de la crisis económica más severa de Argentina, impulsada por un gobierno que tenía justamente al mismo “coloso” entre sus filas.
El ejemplo más emblemático de esta cruzada es lo que sucedió con la “desregulación” del sector yerbatero, que está llevando a una crisis terminal a los colonos misioneros.
Ahora, por capricho desregulador, Sturzenegger está a punto de hacer gastar recursos del Estado en elaborar una solución a un problema sanitario que el mismo generó, solo por no querer dar marcha atrás con algo visiblemente resistido por toda la cadena, ya sea productiva o comercial.
En este caso le arrebató una protección sanitaria a las provincias productoras de bananas, principalmente Salta y Jujuy, pero extensiva a Misiones y Formosa. Con la firma del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Sergio Iraeta, la cartera eliminó a través de la resolución 114/2026, un paquete de ocho normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno, entre las que se cuentan las resoluciones 99/1994 y 823/2006, que limitaban el ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias y extendían esas exigencias fitosanitarias a Formosa, Misiones, Salta y Jujuy. La medida fue resistida por productores de banana de todo el país y de todas las escalas.
Según pudo reconstruir este medio, ante las consultas realizadas al ministro firmante, este se lavó las manos y optó por responder que la medida venía de arriba, es decir, del ministerio de Desregulación y que poco podía hacer para intervenir. Solo se pudo gestionar una reunión que tendrá lugar mañana miércoles 29, en la que los productores y funcionarios intentarán explicar las razones del desaguisado que llevaron a cabo.
Sin embargo, el propio Iraeta ya adelantó que la medida no se retrotrae, y recomendó a las provincias a generar una normativa sanitaria que impida el ingreso de las bananas a los territorios productivos, aun a sabiendas de que eso podría ser tomado como inconstitucional por parecerse a una aduana interprovincial. Según cuentan puertas adentro de la industria, el gobierno mismo habría propuesto esta idea, con los costos que implicaría ponerla en marcha, que deberá afrontar el Estado. Todo para cumplir el capricho y el récord del “coloso”, que no da marcha atrás con una medida polémica.
Ante este escenario, Bichos de Campo consultó a Salvador Muñoz, presidente de la empresa “Hijos de Salvador Muñoz”, que produce la marca Salvita y es uno de los principales productores de banana del país, quien cuestionó la eliminación de las restricciones sanitarias para el ingreso de banana a Salta y Jujuy. El empresario advirtió que la medida no contempla el riesgo fitosanitario que enfrenta el cultivo.
“A mi modo de ver, fue una decisión tomada sin un análisis profundo. Lo que hicieron fue mirar resoluciones viejas, decir ‘acá hay una regulación’ y eliminarla de un plumazo, pero no analizaron el contexto ni las razones por las cuales existía esa regulación”, esgrimió Muñoz.
A su vez, el empresario explicó lo que entiende como las razones por las que se tomó esta medida, y las rebatió: “Ellos plantean que esto tiene que ver con una cuestión de protección comercial, pero al secretario de Agricultura lo invitaría a Salta, al campo, no a la ciudad. Que venga al norte, que vea cómo trabajamos y que conozca una realidad que seguramente no conoce. En Argentina se consumen 30 millones de cajas de banana por año. En Salta y Jujuy, que eran las provincias protegidas sanitariamente, se consumen entre 400 mil y 450 mil cajas. Estamos hablando de un 1,5% como máximo del consumo nacional. Entonces, ¿de qué protección comercial estamos hablando?”.
“El problema es que no diferenciaron una cuestión sanitaria de una cuestión comercial. Tienen la mirada puesta en eliminar restricciones comerciales, pero acá había otra cuestión, que es sanitaria”, agregó Muñoz.
El salteño remarcó que la discusión no pasa por impedir la importación sino por evitar el ingreso de enfermedades que puedan afectar al cultivo: “A mí no me importa que se importe banana en Salta y Jujuy desde el punto de vista comercial. De hecho, nosotros venimos compitiendo en todo el mercado argentino. Nuestra producción actual es de un millón y medio de cajas, y en Salta y Jujuy vendemos aproximadamente el 10%. El resto lo vendemos en todo el país”.
“El tema no es comercial, es sanitario. La banana es un cultivo muy delicado frente a determinadas infecciones. Todos los países productores de banana, como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Brasil, Bolivia o Paraguay, tienen restricciones sanitarias porque existen enfermedades que pueden perjudicar muchísimo al cultivo”, expresó.
“La resolución que derogaron tenía más de 30 años. Se había implementado en Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, que eran las provincias donde se producía banana en Argentina, justamente con el objetivo de evitar el ingreso de enfermedades”.
Finalmente, el empresario sostuvo que la decisión oficial no cambia el rumbo de la empresa, pero sí puede afectar una oportunidad de desarrollo para el sector: “Para nosotros esto no implica un cambio en el camino que venimos recorriendo. Vamos a seguir adelante y vamos a alcanzar los objetivos que nos propusimos, porque creemos que Argentina tiene mucho para crecer en banana. La producción nacional es baja y la importación es muy alta. Los productores tenemos una gran oportunidad, pero esa oportunidad la tenemos que cuidar sanitariamente. Y esta medida va en contra de ese camino”.
En ese contexto, Muñoz informó los planes de expansión de Salvita en Salta, los costos de hacerlo y el riesgo sanitario que esta medida pone de relieve: “En nuestra empresa hicimos un cambio de paradigma en los últimos años: incorporamos tecnología, trajimos genética y conocimiento del exterior, y hoy estamos compitiendo palo a palo con las bananas ecuatorianas. Tenemos un plan de crecimiento porque vemos que hay una gran oportunidad para este cultivo en Argentina, sobre todo por calidad. Pero para poder competir hay que incorporar tecnología y hacer inversiones muy importantes. Hoy tenemos 600 hectáreas en producción. Poner una hectárea de banana en producción cuesta alrededor de 30.000 dólares, por eso estamos hablando de una inversión muy fuerte. Tenemos un plan para que en los próximos tres, cuatro o cinco años podamos duplicar la superficie que tenemos actualmente”.
La medida fue rechazada por los productores y por los funcionarios. El propio Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, expresó estos días en medios porteños que era algo disparatado: “Es una falta de respeto. Una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario”.
A su vez, Diego Dorigato, secretario de desarrollo agropecuario del Ministerio de Producción y Minería de la provincia de Salta, advirtió que el principal temor de los productores no es comercial sino sanitario, y señaló que evalúan alternativas para evitar el ingreso de enfermedades que podrían afectar gravemente a la producción bananera argentina.
“Queremos ver qué explicación nos dan, si quedamos conformes o no con esas explicaciones y, en caso de no estarlo, qué medidas podemos tomar a nivel provincial. También estamos en contacto con los productores de Jujuy. Una posibilidad que estamos analizando es pensar en algún sistema similar al que tenemos con el HLB. Nosotros tenemos un programa de barreras a través de Affinoa y estamos viendo si, junto con los productores, podemos armar algo parecido para controlar el ingreso de banana”, dijo el funcionario a este medio.
Dorigato explicó que el mayor temor está vinculado a la llegada de enfermedades que no tienen tratamiento: “Normalmente la preocupación estaba puesta en la Sigatoka, pero ahora estamos mucho más preocupados por una enfermedad que se llama Mal de Panamá que no tiene tratamiento. Esa es la gran preocupación que tienen los productores. Si llega a ingresar, puede ser devastador. El hongo puede permanecer hasta 30 años en el suelo, no tiene tratamiento y obliga a levantar la plantación. Si después querés volver a plantar, tenés que esperar décadas y no podés hacer otra actividad donde ese hongo pueda desarrollarse”.
El dirigente remarcó que el impacto económico sería muy difícil de revertir para los productores: “No es simplemente levantar todo y decir ‘bueno, produzco 100 kilómetros más allá’. El costo de poner una hectárea de banana en producción está alrededor de los 30.000 dólares. Además, tenemos el riesgo de que la enfermedad ya está muy cerca. Cuando tenés el patógeno cerca, puede trasladarse en una camioneta, en la ropa de una persona, en una rueda, en cualquier elemento que pase de un campo a otro”.
Sobre las expectativas ante los funcionarios nacionales, Dorigato consideró que la posibilidad de una marcha atrás no parece sencilla, aunque destacó que existe apertura al diálogo: “Creo que una vuelta atrás de la medida no va a haber, porque hasta ahora no nos comentaron eso, pero sí están dispuestos a escuchar y ver qué se puede hacer”.
“Si llegamos a sacar alguna normativa regional, la vamos a tener que evaluar muy bien con los servicios jurídicos, más allá de la cuestión fitosanitaria, para evitar después cualquier planteo”, dijo el salteño.
Dorigato también cuestionó el argumento de que la restricción sanitaria implicaba una protección comercial para los productores locales: “Ellos también hablan de que en realidad es una barrera comercial porque tenés un mercado cautivo. Pero cuando mirás los números, estamos hablando de un mercado muy chico: las ventas de Salta y Jujuy representan alrededor del 1,5% del consumo nacional”.
