Al momento de planificar una inversión en un inmueble rural, la carga impositiva provincial representa un insumo que no puede dejar de contemplarse. Al respecto, Buenos Aires se lleva la peor parte.
Así lo muestra un estudio comparativo realizado por la ONG Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) en base a una unidad de 200 hectáreas localizada en las áreas de buen potencial productivo de cuatro provincias.
Mientras que en la provincia de Córdoba y Santa Fe la proporción de impuestos provinciales representa un estimado del 1,0% y 0,9% del ingreso total de la empresa agropecuaria, en Mendoza esa proporción es del 3,2% y en Buenos Aires del 13,1%.
El estudio, denominado “Monitoreo Fiscal Subnacional”, muestra que en el caso de Buenos Aires el impuesto Inmobiliario Rural concentra una proporción muy superior a la registrada en las demás jurisdicciones; eso como consecuencia de la combinación entre valuación fiscal, coeficientes anuales, tramos y umbrales.
“En este perfil, por lo tanto, el problema no es solo la cuantía del tributo, sino también la posibilidad de saltos discretos cuando la base imponible supera determinados límites, lo que vuelve más inestable y menos previsible la carga”, remarca el informe.
Mientras que en Buenos Aires el impuesto con mayor relevancia es el Inmobiliario Rural, en Mendoza el principal es Ingresos Brutos, mientras que Santa Fe y en Córdoba, ambos tributos aparecen muy bajos –o en cero si la estimación cuenta con exenciones–, por lo que terminan siendo más representativos el impuesto automotor y el de sellos.
“En el Inmobiliario Rural, el impuesto presenta saltos discretos cuando el contribuyente cruza determinados umbrales de valuación fiscal o de ‘tramo’. Esto produce diferencias relevantes entre contribuyentes muy similares y genera incentivos a la fragmentación o a la búsqueda de encuadres normativos específicos más ventajosos”, destaca el informe.
En el cuadro puede verse un ejemplo práctico. La chacra B tiene una valuación fiscal solo 100.000 mayor pesos, pero paga 299.821 pesos más de impuesto. Un cambio mínimo en la valuación fiscal hace al contribuyente cruzar el umbral y dispara un impuesto desproporcionadamente mayor.
“De igual manera pero en sentido contrario, se identifican cláusulas de exención o de reducción que, bajo ciertas condiciones (por ejemplo, valuaciones por debajo de umbrales determinados o situaciones particulares contempladas por la normativa), pueden llevar la obligación a valores muy bajos o incluso a cero”, señala.
El documento de ICD destaca que la discrecionalidad en el Inmobiliario Rural puede darse por los siguientes factores: la jurisdicción puede decidir cuándo actualiza valuaciones/tablas, cuánto las actualiza, con qué criterio (inflación, precios de lista, zonas, antigüedad, mejoras), y cómo se traduce en la boleta (tramos, mínimos, topes, bonificaciones).
“Aquí ‘discrecionalidad’ no implica un acto indebido, ilegítimo o ilegal, sino un margen de decisión irracional, ilógico, subjetivo y desvinculado con la realidad, que se traduce en contribuyentes que no entienden por qué pagan lo que pagan -inaccesibilidad-, o qué deberán pagar el año próximo imprevisibilidad”, resume.
