La decisión vertida a principios de mayo por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de dar por finalizado el proyecto de la Corporación Vitivinícola (Coviar) y eliminar las contribuciones obligatorias que la financiaban es ahora resistida en la Justicia.
Y es que días atrás, más precisamente el pasado 26 de mayo, la entidad decidió finalmente presentar una acción de amparo en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza para que esa resolución 55/2026 sea anulada.
El principal argumento de ambos lados es, paradójicamente, el mismo: que la Coviar fue creada por la Ley 25.849. Desde el gobierno recuerdan que el objetivo de esa norma era implementar un Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) hasta el 2020 y que, por ende, ya no corresponde seguir financiando la entidad con los aportes de toda la cadena. Desde la corporación, en cambio, insisten en que una resolución de una secretaría no puede desdecir una ley nacional.
Estrictamente, la resolución de la cartera que dirige Sergio Iraeta no dio por disuelta a la Coviar, pero sí puso en serias dudas su continuidad. Y eso es porque le quitó su principal vía de financiamiento, los fondos que giraba el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a partir de los aportes de empresas, bodegas y productores de todo el país.
La medida, calificada de “improcedente, inconsulta e inoportuna” por la corporación que dirigen las cooperativas del sector, recuerda que la Ley 25.849 tiene a la secretaría de Agricultura como su autoridad de aplicación. Y por eso discute la decisión de la Coviar de haber decidido extender unilateralmente el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) hasta 2030.
Consultados por Bichos de Campo respecto a la decisión de dirimir el conflicto en Tribunales, desde la Coviar aseguraron que esperarán a la decisión judicial para expresarse al respecto.
Entretanto, la medida cosechó rechazos y adhesiones en toda la cadena. La primera que había apoyado sin miramientos la decisión gubernamental fue la corporación Bodegas de Argentina, que reúne a poderosas firmas del sector y ya se había escindido de la Coviar hace mucho tiempo, en franca oposición a las llamadas “contribuciones compulsivas”.
Una postura similar fue asumida en San Juan. El primero en tomar partida fue el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación que, en un comunicado oficial dijo que “ratifica su postura en favor de la voluntariedad de estos aportes y acompaña lo dispuesto por el Gobierno Nacional”.
Lo mismo señaló la Cámara de Comercio Exterior de esa provincia, cuyo presidente, Antonio Giménez, sostuvo que el Plan Estratégico Vitivinícola “nunca logró resultados” y pidió que, por ende, sea financiado con “aportes solidarios”.
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La Cámara Bodeguera, la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, también insistieron sobre la cuestión del financiamiento. En este último caso, su titular Juan José Ramos aseguró que representa “el fin de un esquema que fracasó en todos sus objetivos”, en referencia a la crisis que atraviesa el sector hace ya tiempo.
Dentro de la Mesa Vitícola, por su parte, lo consideraron “un paso fundamental hacia una vitivinicultura más libre, competitiva y justa”, y directamente se ofrecieron a formar parte del expediente y defender la resolución oficial.
En declaraciones a El Sol, el nuevo presidente de la corporación había puesto paños fríos sobre la cuestión del financiamiento: “El aporte que se hace representa el 0,01%, mientras que los impuestos que pagamos nosotros son entre el 57% y el 62% del excedente empresarial. Empezaron por el 0,01% y algunos sectores de la industria lo celebran. No podemos festejar eso”, afirmó el referente.
También se escuchan voces de apoyo a la Coviar dentro de toda la cadena productiva, recordando que es esa la única corporación del sector que cuenta con representatividad de cada uno de los sectores.
Así lo expresaron desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), donde señalaron que la entidad alcanza a 18 provincias y sostiene una función articuladora muy importante a través de sus políticas sectoriales. No siguieron la misma línea que el Consejo Empresario Mendocino (CEM), desde donde sí apoyaron la decisión promovida por Sturzenegger e Iraeta.
“Manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina”, señaló, por su parte, el Consejo directivo de la Coviar, que integran representantes de entidades de todo el país.
