La novela desreguladora que tiene como protagonista al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) parece estar lejos de concluir. Creado por ley en 2002 para fijar precios de referencia en defensa de los pequeños productores, esa fue la primera función que perdió ni bien arrancó el gobierno de Javier Milei. Pero ahora los libertarios van por más y elaboraron un proyecto, que funcionarios nacionales sometieron a la consideración del Directorio días atrás, que incluye una nueva tanda de funciones que serían derogadas.
Entre los principales puntos de este nuevo zarpazo desregulador se encuentran cuestiones clave como los reglamentos de cosecha y de control de la yerba canchada importada. También se pone bajo revisión los programas de asistencia vigentes y se modifican las reglas de inscripción de los operadores. Por ahora es una propuesta que debe ser consensuada por todos los actores de la cadena yerbatera que conforman el INYM. ¿Conseguirán los votos necesarios?
Un documento al que accedió Bichos de Campo presenta estos cambios como una forma de evitar “duplicidades, superposiciones y cargas administrativas innecesarias”, el mismo argumento que el gobierno utiliza ante cada nueva desregulación. Pero esta vez, su alcance excede los simples trámites. Es así que en su artículo 5 dispone que, en un plazo de 60 días, las áreas del Instituto deberán revisar la compatibilidad de los programas y beneficios con el nuevo esquema.
En caso de detectar superposiciones, falta de fundamento técnico o de presupuesto, el proyecto establece que “deberá promoverse su adecuación, modificación, suspensión o finalización mediante la elevación de proyecto de acto administrativo fundado”.
El rayo liberalizador que fundamente esta revisión de los proyectos del INYM aparece en el artículo 90 del Anexo I: “Ningún programa podrá tener por objeto ni por efecto provocar distorsiones en los precios, generar barreras de entrada, impedir la libre iniciativa privada o interferir en la libre interacción de la oferta y la demanda en la cadena yerbatera”.
Esa restricción alcanza expresamente a programas que, “bajo cualquier denominación -compensación, beneficio, incentivo, aporte, reintegro, bonificación, subsidio u otra-, importen una intervención incompatible con la normativa vigente”. El proyecto no identifica qué ayudas concretas se cancelarían: dispone una revisión general y establece esas condiciones para su continuidad.
Mirá el proyecto completo acá:
Entrevistado por un medio de Misiones, Denis Bochert, un director representante de la Provincia en el INYM, explicó que “realmente es un cambio importantísimo lo que se pretende desde Nación. El primer punto es que elimina los registros propios del instituto. Todo lo que son registros de los operadores del INYM, es reemplazado por un solo registro de SENASA, lo que implicaría un reempadronamiento de todos los productores, y elimina muchos de los comprobantes que teníamos hoy en el sistema yerbatero”.
“Eso es todo reemplazado por lo que ellos llaman una simplificación a través del DTV, que es la guía de tránsito vegetal de SENASA. Implica una digitalización de todo el movimiento y una complicación, a mi entender. Si bien te lo venden como una simplificación, en la práctica es mucho más papeleo para el productor”, objetó ese dirigente.
Pero además la reforma propuesta “elimina todo lo que son los controles de calidad de la materia prima de parte del INYM y se le pasa esa responsabilidad a SENASA, que va a hacer el control en góndola a través de las provincias”.
Otro punto sensible aparece al final del documento, en el listado de derogaciones. Allí se incluye la Resolución 381/2020, que establece el régimen específico de información y control de la yerba mate canchada importada, que exige informar el país de origen e identificar las bolsas con datos del elaborador extranjero. Y si bien la normativa no incluye un procedimiento equivalente o alterativo de control, las autoridades aclararon que esto no supone que desaparezcan las exigencias sanitarias o aduaneras.
Entre las normas a eliminar también figura la Resolución 10/2017, que aprobó el reglamento de cosecha. Sus disposiciones incluyen recaudos para evitar contaminación con tierra, combustibles y otros materiales; respetar los tiempos de carencia de fitosanitarios; proteger la hoja del sol y del aplastamiento; y transportarla en condiciones de higiene.
La norma prohíbe, además, transportar personas o animales junto con la hoja y fija un máximo de 80 kilos por raído, salvo cuando el acarreo y la carga se realizan mediante carros de arrastre y guinches.
Ahora bien, las 21 derogaciones no equivalen a la desaparición de 21 funciones. Parte de los regímenes se reemplaza por reglas contenidas en el mismo proyecto.
En lo que respecta a los procedimientos de inspección, el artículo 52 del Anexo I mantiene alcanzados por las verificaciones a “los responsables de plantas, depósitos o establecimientos yerbateros”. Y el artículo 56 permite disponer, ante posibles irregularidades y dentro de sus competencias, “medidas de resguardo, identificación, inmovilización, separación, preservación o intervención de productos”.
En cuanto al registro de los actores de la cadena, el proyecto establece que la inscripción de operadores se realizará “mediante la presentación electrónica de una declaración jurada”. Su vigencia será “por tiempo indeterminado mientras el operador mantenga la actividad declarada y cumpla con las obligaciones legales, reglamentarias, registrales, técnicas y administrativas aplicables”.
Para los productores se exige constancia del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), “con identificación de los polígonos, parcelas o superficies de yerba mate declaradas”.
Otro artículo que generó alarma fue el 8, que faculta al presidente del INYM a definir y aprobar convenios, protocolos y otros instrumentos necesarios para implementar el reordenamiento, pudiendo informarlos al Directorio después de firmarlos.
Esto motorizo un fuerte rechazo de cinco entidades yerbateras, que consideraron que la iniciativa supone nuevo paso hacia el desmantelamiento del Instituto, cuya presidencia quedaría con “superpoderes”.
A través de un comunicado, los yerbateros aseguraron que lo que se pretende derogar “no son normas aisladas”, sino que cada una “contiene una parte de la capacidad material que el Instituto necesita para conocer, registrar y controlar la actividad”. Además, advirtieron que su eventual aprobación podría abrir una nueva discusión judicial.
Mirá la carta acá:
El comunicado fue firmado por Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; y Salvador María Torres, de la Cooperativa Río Paraná Limitada.
“Las asociaciones y entidades representativas del sector daremos las peleas necesarias para frenar el desmantelamiento, vamos a continuar utilizando todas las herramientas institucionales y judiciales disponibles para impedir que esta transformación se consume”, afirmaron.
“Ordenar normas no debería significar desarmar la institución que esas normas construyeron”, señalaron a continuación.
