El proyecto que pretende realizar un “reordenamiento normativo” dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y que en los hechos no es más que un nuevo golpe desregulador al pretender quitarle más funciones de control y fiscalización, encontró su primer freno dentro del propio Instituto.
Por amplia mayoría, la subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control del INYM resolvió rechazar la iniciativa tal cual está escrita y recomendó seguir analizando las propuestas barajadas por Nación y sometidas a la consideración de su Directorio.
“Por como viene, la sugerencia de la subcomisión es seguir debatiendo el tema. No avanzar en nada sino seguir estudiándolo”, dijo el director interino por el gobierno de Misiones en el INYM, Denis Bochert, al medio El Territorio.
Esto, claro, no implica que el gobierno no encuentre mecanismos alternativos para avanzar con su cometido. Su decisión de quitarle la potestad de definir un precio mínimo para la hoja verde de yerba mediante el DNU 70/2023 y no a través de una modificación en su ley constitutiva da cuenta de ello.
De todos modos, esta primera negativa interna resulta especialmente significativa para el sector productivo, que ya se pronunció contra este proyecto desregulador.
Entre los principales cambios que propine está la eliminación de los registros propios de los operadores del Instituto y su reemplazo por un Registro Unificado de Operadores del Sector Yerbatero bajo la órbita del Senasa.
También se plantea que sea ese organismo sanitario el que concentre parte de las tareas de fiscalización y control, entre ellas aspectos vinculados con la calidad del producto.
Además se incluyó un artículo que los productores calificaron como especialmente problemática. Se trata de aquel que facultaría al presidente del INYM a definir y aprobar convenios, protocolos y otros instrumentos necesarios para implementar el reordenamiento, pudiendo informarlos al Directorio después de firmarlos. Las entidades tildaron esto como una entrega de “superpoderes”.
Veremos punto por punto qué es lo que se puede llegar a acordar, pero de lo que nos presentaron creo que hoy, lo único que podemos llegar a estar de acuerdo, es en la digitalización de las estampillas”, anticipó Bochert a El Territorio.
