En las últimas citas del sector agropecuario -como Jonagro y A Todo Trigo- la cadena volvió a insistir sobre la necesidad de avanzar con una reforma tributaria, que finalmente trastoque la carga fiscal que queda debajo de la alfombra de las retenciones.
No es un objetivo sencillo para el Ministerio de Economía, que cuida con mucha celosía la recaudación pero ya dio algunas señales para el sector con la reciente aprobación de la Ley de Modernización Laboral (27.802). Allí se incluyeron algunas medidas que el propio presidente Javier Milei había anunciado en la Exposición Rural de 2024, y que no habían podido ser canalizadas.
Ahora, específicamente, además de los capítulos dedicados al mundo del trabajo, la discutida reforma contiene varios incentivos fiscales, enmarcados en el RIMI, y en su letra chica incluye un diferimiento impositivo no menor para la actividad ganadera.
Tal como lo dispone el artículo 193 de esa ley -que ya rige desde el mes de abril- la valuación de hacienda de invernada para los establecimientos de invernada o engorde ya no debe hacerse a valor de mercado, sino con los índices de relación contemplados por la antigua ley 23.079.
Es de recordar que esa norma, sancionada en 1984, establecía un sistema de tablas que expresaba equivalencias entre las distintas categorías y evitaba que el productor viera sobrevaluarse su stock de un año a otro cuando aún lo tenía en el corra. La implementación de la Ley de Impuesto a las Ganancias “congeló” en los hechos ese esquema, que ahora la reforma laboral recupera.
El sistema de la Ley 23.079 se basa en elegir una “categoría base” o testigo, que históricamente suele ser el novillo de 1 a 2 años, y, a partir del valor impositivo que se le otorga, valuar las demás categorías. Cada una de ellas tiene una relación fija con respecto a la base, contemplada en las tablas de esa norma.
Con la posterior aparición del impuesto a las Ganancias, ese esquema se modificó, pues obligaba a los establecimientos de invernada a definir el valor de sus animales a “precio de plaza menos gastos de venta” al cierre del balance. Por el solo hecho de que el novillo ganara kilos, o el precio de la hacienda subiera, el productor enfrentaba una mayor carga impositiva: tenía que pagar el 35% sobre un dinero que aún no había cobrado, porque el animal seguía en el corral.
Ahora el mecanismo vuelve a fojas cero, pues se permite volver a utilizar los índices de relación para las vaquillonas y novillos. En lugar de seguir los cambios diarios de precios, el stock de invernada puede valuarse por el costo que dicta la tabla, generalmente inferior.
“La medida alivia la carga impositiva de una producción de largo plazo y tan competitiva como es la ganadería”, señala un reciente comunicado de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que busca “recordar” a los productores los alcances de esa decisión en medio del activo pedido por la rebaja tributaria.
En efecto, lo que permite este cambio es recortar la base imponible del impuesto a las Ganancias al cierre del balance. No es una quita rebaja tributaria en sentido estricto, sino un diferimiento, porque traslada esa carga al momento de la venta efectiva del animal y permite que el productor lo pague cuando efectivamente obtiene la ganancia.
“Además de permitir que la carga tributaria se corresponda con el período de la real venta del producto, resulta una limitante menos para que los productores puedan plantear producir animales más pesados independientemente del cierre de sus balances contables”, agregaron desde la cartera productiva.
