La discusión por las semillas volvió a quedar sobre la mesa, aunque en realidad nunca se fue del todo. Esta vez fue la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), que reúne a empresas dedicadas a la multiplicación de semillas autógamas, la que salió a advertir públicamente que el sistema atraviesa un momento delicado y que ya no alcanza con diagnósticos repetidos.
Según planteó la entidad, hace falta una mesa de diálogo amplia entre todos los actores de la cadena para intentar destrabar un conflicto que lleva años erosionando al sector.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la cámara sostuvo que el negocio de la semilla fiscalizada atraviesa un “momento crítico”, marcado por un estancamiento que compromete tanto la inversión privada como la sustentabilidad del sistema. Para CASEM, el problema de fondo es que en buena parte de los cultivos extensivos de Argentina sigue predominando el uso de semilla que circula fuera del circuito formal, lo que termina debilitando a toda la cadena. Es decir que los multiplicadores buscan cortar con el uso propio de la semilla y que se promueva la compra de semilla fiscalizada.
“La Cámara destaca la necesidad de promover activamente el uso de semilla fiscalizada, herramienta clave para garantizar estándares de calidad, trazabilidad y respaldo técnico”, señalaron desde la entidad. Pero inmediatamente advirtieron que el sector enfrenta “un bajo porcentaje de comercialización de semilla fiscalizada, lo que debilita el sistema en su conjunto y desalienta la inversión en genética y tecnología”.
La semilla fiscalizada es aquella que fue producida, procesada y comercializada bajo control oficial, con intervención del Instituto Nacional de Semillas, que certifica su identidad genética, su pureza varietal, su poder germinativo y sus condiciones sanitarias. En términos prácticos, se trata de una semilla que ofrece al productor la garantía de que el material que está sembrando corresponde realmente a la variedad que compró y que cumple con estándares mínimos de calidad, algo que no siempre ocurre en el circuito informal.
Detrás de esa definición asoma una discusión vieja dentro del agro argentino. En los cultivos autógamos —como soja y trigo— una parte importante de la producción se sigue sembrando con semilla guardada por el propio productor o adquirida por canales informales, lo que en el sector se conoce desde hace décadas como “bolsa blanca”. Esa práctica reduce el mercado formal y deja a los semilleros reclamando desde hace años por una mayor protección del trabajo de mejoramiento genético.
El problema no es menor porque la semilla fiscalizada no es solamente una bolsa con poder germinativo garantizado. Para quienes integran la cadena semillera, allí también está el soporte técnico, la identidad varietal y la posibilidad de financiar la investigación futura. Cada vez que ese circuito pierde volumen, lo que se resiente no es solo la facturación de las empresas, sino la posibilidad de sostener nuevas inversiones en materiales adaptados a enfermedades, clima y rindes más exigentes.
En ese punto, CASEM puso el foco en la falta de consensos para actualizar reglas de juego en un mercado que sigue funcionando bajo una legislación que muchos consideran desfasada. La histórica Ley de Semillas 20.247, sancionada en los años setenta, nunca logró ser reformada de manera integral pese a múltiples intentos políticos, y esa indefinición terminó consolidando un esquema en el que conviven intereses muchas veces enfrentados entre productores, criaderos, multiplicadores y exportadores.
Por eso la entidad ahora reclama sentar a todos en una misma mesa: “CASEM considera indispensable avanzar en la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que integre a todos los eslabones de la cadena semillera, con el objetivo de construir consensos y superar las actuales posiciones antagónicas que impiden el desarrollo del sector”, indicó la cámara.
En los últimos años, la discusión sobre semilla legal volvió a tomar temperatura por la baja adopción de semilla certificada en algunos cultivos, por las dificultades para fortalecer controles y también por el debilitamiento institucional del Instituto Nacional de Semillas (INASE), el organismo estatal encargado de fiscalizar el mercado. En distintos segmentos del sector privado viene creciendo la preocupación por la capacidad real del instituto para sostener controles en un sistema cada vez más fragmentado.
CASEM, de hecho, remarcó en su mensaje que el Estado no puede quedar al margen de esta discusión. Según planteó la entidad, el INASE debería funcionar como “garante del funcionamiento equilibrado de la cadena, promoviendo reglas claras, previsibilidad y condiciones que favorezcan la inversión y la innovación”.
