El “Acuerdo de Comercio e Inversión entre los Estados Unidos y la Argentina”, que reavivó el debate en torno a la propiedad intelectual de las semillas y una posible adhesión al convenio internacional UPOV 91, se hizo eco entre los propios ingenieros agrónomos. Y fue la CADIA, uno de los centros que nuclea a estos profesionales a nivel nacional, una de las últimas sumarse a la discusión.
A través de un extenso documento, este Centro lanzó varios interrogantes que conviene tener presente en el debate más extenso. En primer lugar, analizó que desde su creación, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) tuvo muchas modificaciones. Argentina adhirió a la versión de 1978 en el año 1993, cuando UPOV 91 ya estaba publicada.
“Cabe preguntarse ¿por qué?”, dicen los agrónomos, que señalan que “las diferencias entre el UPOV78 y el UPOV91 no vienen dadas por los requisitos de obtención de la variedad vegetal, sino por las consecuencias del otorgamiento de este derecho o el ámbito de protección”.
A continuación, pone en tela de juicio la afirmación que indica que no adherir a este convenio supone un retraso tecnológico, y detallas aspectos claves para el sector que no son tenidos en cuenta en norma.
“No habla de la Edición Génica ni de otros adelantos científicos que se vienen desarrollando en los últimos años. ¿La norma no está desactualizada?”, se pregunta el documento. A continuación, puntualiza en otros faltantes: la no mención a la edición génica (CRISPR), muy utilizada para “crear cultivos con beneficios específicos que antes eran muy difíciles de lograr”; la no mención a los avances en epigenética, que permiten “modificar la expresión génica de los cultivos sin alterar su ADN”; y la no consideración del efecto de los bioestimulantes, que actúan “como una señal molecular”.
En este sentido, desde CADIA consideran que hay otros elementos a considerar detrás del estancamiento productivo, como la existencia de derechos de exportación, la política pendular en materia macroeconómica, la mayor proporción de contratistas que productores individuales, una política errática en materia de biocombustibles, el uso casi exclusivo de la siembra directa y su efecto en la aparición de malezas resistentes, la transformación de la soja y su uso en la producción animal, entre otros.
“La complejidad del tema obliga a pensar una solución equilibrada para las partes que intervienen y evitar conflictos de intereses. La ley de por sí sola no resuelve la cuestión. Puede orientar, pero la efectivización de una medida también pasa por el mercado y las decisiones de los propios interesados. Hay que tener en cuenta que existe una asimetría de poder muy grande entre las empresas y los productores individuales, que todavía no tiene una solución bien clara”, afirman los agrónomos.
Y aseguran: “La ley no puede ser para un momento, debe ser lo suficiente sabia para superar su aplicación en el tiempo. Debe ser más por principios éticos, que reflejen en general, los intereses comunes permanentes del país, más que basarse en intereses circunstanciales que solo “duran lo que duran las circunstancias”. El problema no radica en la falta de normativa, sino también en la falta de decisión para hacerla cumplir”.
