La frase del presidente Javier Milei quedó grabada a fuego, pues la pronunció nada menos que ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo pasado: “Estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando la producción actual. Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”. Por si no quedaba claro que se refería a la decisión del gobierno de impulsar la adhesión argentina al régimen internacional UPOV 91, tal como reclamó Estados Unidos, luego agregó: “Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en Argentina”.
A partir de allí, muchos dirigentes se pusieron en guardia porque sabían que el gobierno de La Libertad Avanza intentaría imponer la actualización del marco legal de protección de la propiedad intelectual en semillas, pasando de la adhesión actual e histórica de la Argentina al UPOV 78 al convenio UPOV 91, bastante más rígido a favor de los obtentores. Por eso la industria semillera salió a apoyar estos cambios y la Mesa de Enlace presentó una propuesta alternativa, para actualizar la vieja ley de semillas.
Desde la Fundación Alem, vinculada a la UCR, el dirigente y coordinador de la mesa agropecuaria se ocupó ahora de desmentir al propio Presidente. Para Luis María Migliaro no es cierto lo que dice el presidente Milei respecto de que los rendimientos de los cultivos en la Argentina estén atrasados debido a la carencia de un marco de defensa de los derechos de la industria semillera.
“El propio presidente de la Nación, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, abordó nuevamente el tema. Ya lo intentó en el DNU 70/2023, mencionando la necesidad de modernizar la Ley 20.247de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es del 30 de marzo de 1973. Después de 53 años, necesita sin dudas una actualización. Pero todos sabemos que los semilleros nucleados en ASA piden que la nueva ley deje sin efecto la situación actual, que establece la adhesión a UPOV 78, para que sea reemplazada por adherir a UPOV 91”, describió Migliaro.
Lo interesante del análisis del dirigente de la UCR es que publicó la evolución histórica de los rendimientos en la Argentina, como para determinar que es falaz la idea de que los mismos dependen de este régimen de protección de la industria semillera.
“Se esgrimen distintos fundamentos para avanzar en esta idea. Pero cuidado, manifiestan que en nuestro país, por falta de una nueva ley y por no haber adherido a UPOV 91, que otorga más protección a los semilleros y que limita el uso propio de semillas autógamas, como la soja y el trigo, el país pierde competitividad, por ejemplo, si nos comparamos con Brasil”, advirtió Migliaro.
Para el dirigente radical, “lo grave es que el Señor Presidente lo repite”.
Pero allí aclaró que esa comparación es inexacta porque “Brasil no adhirió a UPOV 91, y los productores cariocas, por cuestiones climáticas y tal vez por falta de idoneidad, reservan menos semillas de uso propio que los argentinos”, que en cambio “logran mantener sus semillas en muy buen estado de sanidad, pureza, cuidado y conservación”.
“Además hay otro dato, que no es subjetivo, ya que tomando las publicaciones de los últimos 20 años de la Secretaria de Agricultura y si comparamos los rendimientos de la soja, que es autógama y se puede guardar, con el maíz, que es una semilla hibrida que se debe comprar todos los años, no vemos una diferencia significativa en rendimiento, como para asegurar un salto cualitativo y cuantitativo como se menciona si el productor comprara, todos los años semilla original”, indicó el referente radical agropecuario.
“Los números y los gráficos no muestran un aumento de rendimiento tan significativo si comparamos producciones con semillas hibridas que con autógamas. Hay otros factores en juego cuando nos comparamos con Brasil, que aumentó su producción exponencialmente porque tiene una política agropecuaria y no aplica los Derechos de Exportación”, enfatizó Migliaro.
