Días atrás, un grupo de diputados nacionales, encabezados por Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, denunciaron que el gobierno tiene retenidos más de 1,1 billones de pesos que deberían ser destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. El cálculo se desprende de las erogaciones del impuesto a los combustibles y el dióxido de carbono, que alimentan un fideicomiso con fondos hasta ahora subejecutados.
A raíz de ello, la diputada bonaerense por la UCR Silvina Vaccarezza se hizo eco del reclamo para motivar acciones específicas desde la gobernación y bajó las cifras a casos concretos: si todo ese dinero se destinara a la red vial, señala, se podrían haber ejecutado obras por alrededor de 662 kilómetros de rutas.
El caso vuelve a apuntar los reflectores sobre el sustento del equilibrio fiscal y el impacto productivo y humanitario de no llevar adelante obras clave, y evoca además el recuerdo reciente de las inundaciones en plena zona núcleo. “Esto es lo mismo que ocurrió con el fondo hídrico, que estaba puesto en plazos fijos y Lecaps mientras los campos estaban bajo agua”, afirma la legisladora por la cuarta sección electoral en diálogo con Bichos de Campo.
Casi un año después, el título es similar: “El ministerio de Economía tiene congelados fondos clave para el sector productivo”. En este caso, se trata de los provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, un tributo que aumentó notablemente desde 2023 pero que, aún así, no se destina en parte a donde debería.
De acuerdo a lo estipulado por la Ley 23.966 y el decreto 301/2018, un 28,5% de lo recaudado por ese tributo alimenta al fideicomiso de infraestructura de transporte y, a su vez, un 50% de lo que ingresa va específicamente a una de las bolsas de ese fondo, que es el del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). De allí surgen los recursos para financiar las obras de conservación, mantenimiento y mejora de la red vial nacional.
De acuerdo a lo informado por ARCA, desde 2024 hasta la fecha este impuesto fue uno de los que más creció, con un acumulado de más del 470% de incremento en su recaudación pero que luego no se vio expresado en sus erogaciones. El cálculo realizado por los diputados nacionales es que hay exactamente 1.165.491 millones de pesos subejecutados.
“Esa plata acumulada es porque no se hace mantenimiento de rutas, se adeudan certificados de obra y no se la utiliza para lo que se tiene que utilizar”, expresó Vaccarezza, que venía advirtiendo hace tiempo por el deterioro de rutas claves para el movimiento de la producción agropecuaria.
“Hace mucho que vengo advirtiendo que esos fondos no se estaban usando para lo que se tenían que usar. Esto no es de ahora, sabemos que las decisiones del gobierno nacional pasan por lo financiero y no por lo productivo”, agregó Vaccarezza, que decidió “bajar a tierra” esos miles de millones de pesos y precisar qué es lo que se pierde de infraestructura en el interior a raíz de las decisiones del palacio de Hacienda.
En ese sentido, teniendo en cuenta que el cálculo estimado para construir una ruta pavimentada convencional es de entre 495.000 y 1.000.000 de dólares por kilómetro, con los fondos retenidos podrían ejecutarse alrededor de 662 kilómetros.
“Eso es todo lo que podía hacerse con ese dinero si estuviera la voluntad política de llevarlo a cabo”, observó, en diálogo con este medio.
El reclamo por el estado de las rutas nacionales cobra fuerza en varias localidades del interior productivo y se superpone con los vertidos respecto a las vías provinciales y los caminos rurales.
De hecho, el primer pedido de informes de la legisladora bonaerense fue respecto a la situación de la ruta 5, donde se supo que desvincularon a 48 trabajadores y la empresa terminó retirándose por la falta de pago de los certificados de obra. Como eco de esa situación, están previstas algunas reuniones políticas sobre el tema, que ahora reciben impulso al calor de las acusaciones que recaen sobre el ministro Caputo.
Se espera, además, que el gobierno bonaerense recoja el guante y envíe un pedido de explicaciones propio sobre el destino de esos fondos que, aseguraron los diputados nacionales, indica “un apartamiento del destino sustantivo de los recursos y una preocupante desnaturalización del objeto del fideicomiso”.
“La gente sigue pagando impuestos y eso tiene que volver en algún momento, no solamente para sostener el dólar y hacer malabares para el déficit cero. La vida sigue”, aseguró Vaccarezza, quien recordó que el deterioro de las rutas nacionales no sólo afecta a la producción y encarece la logística de muchas otras ramas de la economía, sino que además se cobra vidas.
En la misma línea se expresaron los legisladores peronistas en su carta dirigida al ministro, donde apuntaron que la no asignación de recursos es una “omisión de consecuencias humanas graves”.
“La infraestructura vial no es un gasto prescindible ni una variable de ajuste. Es una condición básica para la producción, el comercio, la integración territorial y la seguridad de millones de argentinos. Por ello, resulta imperioso que los recursos recaudados con afectación específica vuelvan a cumplir el fin para el cual fueron creados por la ley”, expresaron en su comunicación.
