Los más de 540 kilómetros que unen a Luján hasta el empalme con La Pampa, y que componen la ruta 5, fueron adjudicados por 20 años a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA), en el marco del Plan Federal de Concesiones. Además de incorporar nuevos peajes, el contrato sólo se centra en el mantenimiento y la conservación de la calzada, y no incluye la construcción de la autovía, que conecte finalmente al AMBA con Vaca Muerta.
Eso no quita que el histórico reclamo siga vigente. El fin de semana, en una reunión en 9 de Julio, donde participaron varios intendentes de la región, la Unión Cívica Radical anunció la presentación de una acción de amparo por el estado de la ruta y para exigir que se retome ese viejo proyecto para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
“Exigimos una respuesta concreta: medidas, obligaciones y plazos. Volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio”, expresó el presidente del comité provincial del partido, Emiliano Balbín, uno de los impulsores de un nuevo operativo clamor para la ruta 5.
En la región advierten que el tránsito pesado se ha multiplicado en los últimos años, fruto de la actividad agropecuaria pero también de la conexión que tiene la ruta 5 con la 35, en La Pampa, y finalmente con el polo petrolero de Vaca Muerta.
“Los datos oficiales muestran que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 10% en Olivera, un 14% en 9 de Julio y casi un 43% en Trenque Lauquen”, puntualizó el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, uno de los asistentes al encuentro llevado a cabo el pasado sábado.
También lo hicieron los accidentes fatales. Según explicó el dirigente radical Leonel Chiarella, entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas en la ruta 5. Y sólo en el último año y medio fallecieron 42 personas. “Son vidas de compatriotas que se van por razones evitables”, puntualizó.
Tras la apertura de sobres, desde julio una constructora quedó al frente de los 546 kilómetros de la ruta que recorre de punta a punta el interior bonaerense. Los compromisos excluyen con claridad a la autovía, que de hecho había comenzado a construirse en el tramo entre Mercedes y Suipacha.
No casualmente, a principios de año la diputada provincial de la UCR Silvina Vacarezza advertía que esa obra estaba paralizada por la falta de fondos de Vialidad Nacional. Una señal de lo que sucedería meses más tarde con la adjudicación a un operador privado.
Sin embargo, los dardos no apuntaron únicamente al gobierno nacional, sino que pidieron también a la provincia trabajar en esa gestión. “Aquí es cuando vemos muy claramente que hay que terminar con la grieta, ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei”, afirmó Chiarella, secundado también por los intendentes de Lincoln, Salvador Serenal, y de Tres Lomas, Luciano Spinolo.
La acción de amparo presentada por el radicalismo exige a la Justicia que fije medidas y plazos concretos para “garantizar la seguridad vial” y se suma a otras iniciativas similares.
Meses atrás, la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense había reclamado ante Vialidad Nacional que se retomaran las obras de la autovía entre Mercedes y Suipacha. Según relató su presidente, Dardo Dameno, la respuesta fue que no habría fondos públicos y que la continuidad dependería de inversiones privadas que pudieran recuperarse mediante peajes. Con la adjudicación ya operativa, ese compromiso no está entre las obligaciones.
La falta de respuestas también llegó a la Justicia a partir de un pedido de acceso a la información pública del abogado Lorenzo Matus, por la cual el juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó a Vialidad entregar los contratos de las obras y los expedientes sobre eventuales incumplimientos y sanciones. El organismo había respondido con información incompleta y enlaces que no permitían acceder a los documentos.
