Mientras avanzan las definiciones sobre la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales arterias logísticas del comercio exterior argentino, empiezan a aparecer voces críticas que ponen el foco no solo en los aspectos técnicos del pliego sino también en el impacto económico que podría tener sobre el sector agropecuario. Y, especialmente, en el llamativo silencio de las entidades gremiales frente a un tema que, según advierten, terminará golpeando directamente en el precio que reciben los productores.
Alejandro Bustamante, ingeniero agrónomo y economista, con cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos agropecuarios en Argentina y la región, fue tajante al analizar el escenario actual. “Lo que yo vengo viendo ya hace un año y medio es que se está proponiendo una licitación que va a entregar la hidrovía en concesión por los próximos 30 años, con una profundización que no resuelve la principal mejora que podríamos lograr para mejorar la competitividad”, señaló.
El punto técnico que plantea como central es la imposibilidad de que los buques graneleros puedan salir completamente cargados desde los puertos del Gran Rosario. “Hoy tienen que ir a completar carga a Bahía Blanca, a Quequén o al sur de Brasil, y eso cuesta entre 5 y 7 dólares por tonelada adicionales. Eso, en definitiva, termina quitándose del precio que recibe el productor”, explicó.
Según Bustamante, el problema no es solo que el nuevo pliego no resolvería esa limitación estructural, sino que además propone una tarifa de peaje significativamente más alta. “Se está proponiendo una tarifa que es el doble de lo que se pagaba hasta el año 2023, y no resuelve el problema. No veo la ventaja de estar pagando el doble para seguir igual”, afirmó.
En términos concretos, el economista estimó que el impacto combinado entre mayores costos directos y pérdidas de eficiencia logística implicaría un perjuicio de unos 4 dólares por tonelada para el productor. “Estamos hablando de 4 dólares por tonelada multiplicado por 100 millones de toneladas. Son 400 millones de dólares por año que el productor va a dejar en el camino”, detalló.
Ese monto, remarcó, “va directo al Excel del productor”, en referencia al impacto sobre los márgenes. “Una parte va a quedar en manos del concesionario y otra parte se pierde por no aprovechar la profundidad que se podría alcanzar”, agregó.
Pero más allá del diagnóstico económico, Bustamante puso el acento en la falta de reacción del propio sector agropecuario. “No está reclamando. Gran parte del sector lo ve como algo ajeno, como si fuera un tema de los exportadores. Y es una grave equivocación. Esto no lo van a pagar los exportadores, se lo van a trasladar totalmente al productor”, sostuvo.
Incluso fue más allá al explicar por qué, a su juicio, tampoco hay resistencia desde el lado de las grandes compañías exportadoras. “Los exportadores no están reclamando, más bien están aplaudiendo. No se van a pelear con el gobierno por este tema porque saben que cualquier sobrecosto se lo pueden trasladar a los productores”, indicó. Y agregó: “Tienen otros temas en la agenda que les importan más, como la ley de biocombustibles o las concesiones ferroviarias”.
En ese contexto, consideró que la defensa de los intereses de los productores debería recaer en las entidades gremiales, algo que —según su visión— no está ocurriendo. “Deberían tomar el tema. Me da la impresión de que de las cuatro gremiales principales posiblemente la Rural sea la que esté más empapada. De las otras no tengo constancia de que estén interesadas”, señaló.
El plazo de concesión también aparece como otro punto crítico. “No hay ninguna razón para que sea por 30 años. Debería ser de 10 a 15 años como máximo. El 85% del costo es mantenimiento anual, no inversión. No tiene sentido quedar atado tanto tiempo”, explicó.
Bustamante también cuestionó el diseño del proceso licitatorio, al que calificó sin rodeos: “Es una licitación trucha, retrucha”. Según describió, el esquema limita la competencia real entre oferentes. “El pliego dice que se pueden presentar precios dentro de un rango mínimo, casi sin variación. En la práctica, todos tienen que presentar la misma tarifa. El precio está predeterminado”, afirmó.
A eso se suma, según explicó, un sistema de evaluación técnica que favorece a un actor específico. “La única empresa que puede tener la máxima puntuación es la que haya dragado la hidrovía en los últimos 10 años. Tenés un precio predeterminado y un ganador predeterminado. No hay competencia”, sostuvo.
Como consecuencia, señaló que el proceso perdió atractivo para otros jugadores internacionales. “Deberíamos tener seis, siete u ocho ofertas. Y lo único que logramos son dos”, apuntó.
Sobre el final, volvió a insistir en lo que considera el eje del problema: la falta de reacción del sector frente a un impacto económico significativo. “Cuatro dólares por tonelada no son para despreciar por 30 años. Si quisieran hacer las cosas bien, eso podría ser una mejora en la competitividad del productor y no un costo adicional”, afirmó.
Y cerró con una reflexión sobre el clima general que rodea la discusión: “Todo esto es tan evidente que sorprende el silencio. El sector está concentrado en su diaria y no tiene tiempo para meterse en estos temas. Pero debería haber una dirigencia que sí lo haga. La única manera de interpretar este silencio es que priorizan no generar conflicto con el gobierno por otros temas”.
