“Parece chiste, y ojalá lo fuera”. Esa es la sensación que subsiste en el grupo de productores de la localidad bonaerense de Henderson, que hace ya un año luchan por saber a dónde se destina el dinero que aportan en concepto de Tasa Vial. Pese a contar con un fallo a favor, todavía hoy no pudieron ver ni un sólo registro.
Ya hubo instancias judiciales de todo tipo. Lo que nació como un reclamo por el visible deterioro de la red de caminos rurales -en medio de las inundaciones del año pasado- se terminó convirtiendo en una cruzada personal del intendente Luis Pugnanoli contra 8 productores, a los que se intentó incluso disuadir con intrincadas decisiones legislativas.
Revés tras revés, el municipio de Hipólito Yrigoyen finalmente fue forzado a entregar toda la documentación. Pero, como reza un refrán, “no está muerto quien pelea”, y, hasta el último momento, el caso suma nuevas polémicas. Ahora, desde la Municipalidad exigen a los productores que paguen casi un millón de pesos en concepto de tasas para, justamente, informar qué se hace con las tasas.
La fotografía de portada, a la que accedió Bichos de Campo, fue difundida por el propio municipio para justificar el pedido de 976.000 pesos para la entrega de esos expedientes. Se trata de documentación que, gracias al fallo con fecha de julio del 2025, y de su ratificación en segunda instancia, el intendente está obligado a entregar para que se sepa cómo se utilizan los fondos destinados a la red vial y qué obras se han ejecutado los últimos años.
Lo solicitud de dinero la hizo la abogada Linda Marina López, que oficia de secretaria de Asuntos Legales del ejecutivo comunal y envió una nota al juez Pablo Germain justificando su pedido. “Los expedientes administrativos poseen un enorme volumen físico. Debido a la extensión de las fojas, la reproducción de la documentación implica un alto costo operativo”, explicó.
En la nota también se consignan los detalles de la cuenta bancaria del municipio para que se efectúe el pago y se pide adjuntar comprobante de la transacción previo a retirar los informes y balances.
Desde el juzgado Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen, donde se tramita este litigio, la respuesta llegó rápidamente y nuevamente fue desfavorable para el municipio: “Los actores solicitan la entrega de la documentación en formato PDF, intímese a la demandada a informar lo requerido y a acompañar la documentación solicitada”, expresó Germain, que desestimó un nuevo intento por dilatar esta cuestión, de por sí ya dilatada.
El último capítulo de esta historia, que se creía iba a ser el último, fue en octubre del año pasado, cuando el oficialismo había encontrado la forma de evitar que esos ocho productores accedieran a ciertas medidas de alivio por las inundaciones: con un inciso muy discutido en la ordenanza, se vetaba el beneficio a quienes tuvieran juicios con el municipio.
Sin embargo, también allí habían obtenido un revés judicial, porque finalmente el juez había señalado que, como el litigio tenía ya sentencia firme, el pedido del municipio era “improcedente”, obligando así a incluir a esos productores en el beneficio.
