Como ya sucedió durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2011 (por vía de la fallida Resolución 368/2011), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la gestión de Javier Milei dictó una resolución para permitir “la libre elección” de los productores ganaderos a la hora de elegir quien vacuna su rodeo contra la fiebre aftosa y la brucelosis. Hasta ahora debía hacerlo el ente o fundación sanitaria habilitada en cada distrito, pero ahora se podrá contratar a un veterinario privado debidamente registrado ante el organismo sanitario.
La nueva norma “liberalizadora” de una lucha sanitaria clave para el país es la Resolución 201/2026, que fue firmada por la titular del Senasa, María Beatriz Pilu Giraudo, y se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La modificación, dictada sorpresivamente y sin consenso con el entramado de dirigentes rurales (en especial los de CRA, de quienes dependen la mayor parte de la estructura actual de Fundaciones), había sido anticipada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el verdadero factótum de casi todas las últimas definiciones del servicio sanitario.
“Se establece que, a los fines de dar cumplimiento a las campañas de vacunación oficiales establecidas en el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa y en el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina en la República Argentina, el titular de un Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) podrá acordar y seleccionar libremente el servicio de un veterinario privado acreditado ante el Senasa”, dice el artículo 1° de la nueva resolución de Senasa, que curiosamente emula una dictada en 2011 por el santacruceño kirchnerista Jorge Amaya, que no llegó nunca aplicarse por la resistencia justamente de un entramado de intereses directamente ligados con las entidades de la Mesa de Enlace.
En la Argentina, desde los años 90, existe una red de más de 300 entes locales sanitarios que -por ley nacional- tienen el “monopolio” de una determinada zona para aplicar ambas vacunas. La mayor parte de las veces esas Fundaciones coincide con las sociedades rurales que conforman CRA, una de las entidades de la Mesa de Enlace. Es decir que son los dirigentes de los propios productores los que supuestamente “ejercen” una tarea delegada por el gobierno nacional.
#DÍA3 | CRA en @Expoagro
Junto a representantes de @biogenesisbago y @BancoGalicia pic.twitter.com/jYr6FE2P24— CRA (@CRAprensa) March 12, 2026
Los dirigentes de CRA que se desplegaron estos días por la Expoagro de San Nicolás se vieron tan sorprendidos por esta modificación como cualquier hijo de vecino, porque no hubo comunicación previa del Senasa ni tampoco se sometió la medida a los proceso de consulta pública que se aplicaban en Senasa hasta mediados de 2025, cuando asumió Giraudo.
Es que tampoco existía un “operativo clamor” para llevar adelante este cambio en el estratégico programa de vacunación antiaftosa y brucelósica. Las quejas por la falta de posibilidad de que cada productor elija a su vacunador estaba reducidas a un pequeño grupo dispersos de ganaderos y a alguna fundación específica. El único dirigente de peso que alguna vez agitó esta posibilidad de liberalizar todo fue el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, muy cercano al gobierno.
Poco le importó la falta de acuerdo a Sturzenegger, quien en 2024 lanzó una cruzada para bajar los precios de la vacunación, pues considera que son altos debido a la existencia de dos monopolios cruzados: uno de los proveedores de las vacunas (dos laboratorios nacionales a los que ahora quiere hacer competir contra la vacuna importada de otros países) y otro de estas Fundaciones sanitarias que ahora dejarían de tener zonas “cautivas” donde establecen valores de la aplicación que muchas veces tienen diferencias entre si, por las condiciones particulares de cada una.
Para habilitar ahora la competencia de los veterinarios privados y la provisión de vacunas por fuera de esas fundaciones de productores, el Senasa se apoyó en la vieja resolución del kirchnerismo de 2011 y en otra reciente, la 43/2026, que en enero pasado creó un nuevo Sistema Único de Registro (SUR) “para veterinarios privados y técnicos, inspectores sanitarios, vacunadores y/u otros operadores privados que soliciten ser autorizados para desempeñar tareas sanitarias específicas y de bienestar animal”.
Ahora, al determinar ll “libre elección” del vacunador, el Senasa indicó que los productores molestos con su Fundación podrán liberarse de ella y “requerir los servicios de un veterinario privado acreditado” en dicho registro, tanto para la aplicación como para “la compra” y “la guarda” de las dosis necesarias.
“En tanto no se comunique fehacientemente la designación de un veterinario privado, dicho RENSPA se mantendrá asociado por defecto al Ente Sanitario correspondiente al plan local de vacunación antiaftosa de la jurisdicción en la que se encuentre registrado”, aclaró la resolución.
Este aviso al Senasa de que el productor se abrirá del colectivo que hasta ahora realiza la vacunación deberá ser formulado, según dice la normativa, “con una antelación mínima de 30 días corridos previos al inicio de la primera campaña oficial de vacunación del año”, entre febrero y marzo de cada año.
Dudosamente los productores podrán conseguir un mejor precio por parte de los veterinarios privados, en especial porque a lo largo de los años los laboratorios proveedores de la vacuna y las Fundaciones han tejido una relación comercial fluida, que les asegura a los entes sanitarios que compran anticipadamente el inóculo un mejor precio que el que finalmente se lanza al mercado en cada etapa de vacunación.
¿Y cómo se asegura en este esquema desregulado que las vacunas efectivamente se hayan aplicado y no sea una simulación acordada entre determinado productor y su veterinario de cabecera? La pregunta es pertinente porque las Fundaciones, caras o baratas, buenas o malas, eran en definitiva las garantes del compromiso de los privados con este programa de vacunación obligatoria. A los veterinarios privados se les exige solamente “estar acreditados” ante Senasa y “ser responsable de la preservación de la cadena de frío y de las condiciones de almacenamiento de las vacunas desde su compra hasta su aplicación”.
Luego, el profesional seleccionado por los productores que quieran sacar los pies de la Fundación deberían -según la norma- “registrar las actas de vacunación simultánea en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) en un plazo no mayor a siete días corridos desde el día de la aplicación”.
