La crisis en Algodonera Avellaneda se mantiene a la espera de movimientos estratégicos, en medio de un concurso de acreedores. Como parte de Vicentín SAIC y garante en su proceso que terminó con el cramdown de la aceitera, sumando a la complicación que se vive sobre todo el norte de Santa Fe, son más de 400 los trabajadores que atraviesan meses de tensión financiera y emocional, sin el pago de salarios desde fines de diciembre, ni producción. Esto derivó en una sucesión de manifestaciones y reclamos por parte de los trabajadores, acompañados por la Asociación Obrera Textil.
Algodonera Avellaneda está considerada entre las diez empresas del rubro más importantes del país, por su capacidad tecnológica. Pero además de su crisis propia enfrenta la competencia creciente de las importaciones y los altos costos laborales. En condiciones normales producía entre 900 mil y 1 millón de kilos mensuales de telas e hilos.
El martes pasado, Vicentin presentó ante el juez Fabián Lorenzini -el que tramitó su concurso- un informe con el detalle de la deuda salarial y un plan de regularización, por unos 620 millones de pesos sin incluir el mes de febrero. El último pago registrado fue en diciembre, con depósitos parciales de 350 a 150 mil pesos por trabajador.
Otro gigante en problemas: Se declaró en concurso Algodonera Avellaneda, empresa del grupo Vicentin
La situación se agrava por la deuda millonaria que la empresa mantiene con la proveedora de energía.
Según pudo confirmar Bichos de Campo, este viernes se autorizó la venta del inmueble no productivo, que albergaba oficinas y depósitos en la Capital Federal y que no están en uso al momento, a partir de una oferta original de otras dos firmas, Electroluz y Portland, correspondiente a un aproximado del 78% del valor real del inmueble.
Esto sucede luego de la autorización de la empresa concursada, del Juez, del Comité de Acreedores, de la Sindicatura, entre otros, para poder morigerar la deuda y la situación social generada sobre los 350 empleados en la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe; y otros 100 dependientes entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero.
Ahora solo resta levantar una cautelar vigente en un plazo de 72 horas para avanzar en la definición del oferente que se quede con el inmueble referido, siendo Portland SA la que por 1,9 millones de dólares acceda a la compra, con un pago de “liquidez inmediata”, según se detalla en el documento judicial.
Desde el sector gremial se quiere exigir esta disponibilidad de fondos para el pago de salarios en los tres días reales que detalla el documento emitidio por el Juzgado de Pimera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista. Lo que no perciben es que este movimiento vaya a resolver la crisis actual en lo inmediato y que sólo sirve como un paliativo para los trabajadores.
La intención es que a partir de esta venta puntual se puedan pagar sueldos atrasados, servicios impagos, retiros voluntarios pendientes y se pueda retomar el mantenimiento preventivo de las plantas.
Es la idea inicial, a partir de una propuesta presentada el martes, poner en marcha a las desmotadoras de Chaco y Santiago con un sistema de fasón, en un año en el que la cosecha de algodón promete tener buenos rendimientos. Del mismo modo, se intentaría poner en marcha la hilandería, que sólo trabajaría al 40% de su capacidad, de acuerdo a la demanda actual. De todas maneras, esta propuesta debe tener la anuencia de los gremios textil y aceitero, según las posibilidades reales de llevarla a cabo.
Finalmente, el juez Fabián Lorenzini otorgó a la empresa un plazo de 30 días para presentar informes semanales sobre cómo prevé pagar salarios y reanudar la actividad. El vencimiento sería alrededor del 14 de abril y de no cumplirse, podría activarse el mecanismo de cram down también para esta firma, que habilitaría el ingreso de nuevos oferentes para hacerse cargo de la firma de manera completa.
