La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a poner en el centro del debate del agro una de las cuestiones más sensibles que atraviesa la discusión por una nueva ley de semillas, y tiene que ver con la posible adhesión de Argentina al Acta 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91).
La iniciativa formaba parte del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida que se debate en el Congreso nacional y que despertó críticas de varias entidades del sector, y es uno de los puntos vitales del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina celebrado recientemente.
“Ley de Semillas sí, pero con equilibrio.”
Conocé la posición de CARBAP ante el proyecto de Ley y la adhesión a UPOV 91.
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— CARBAP (@CARBAP_ARG) February 26, 2026
“En el marco del acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos, el cual CARBAP celebra por considerarlo un paso positivo hacia una mayor integración y apertura comercial, surgen preocupaciones respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en relación con una eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91”, dijeron los productores bonaerenses y pampeanos en un comunicado de prensa.
UPOV 91 es un tratado internacional que actualiza el marco de protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales respecto a su versión de 1978, a la cual Argentina está adherida desde hace décadas. En términos generales, el Acta de 1991 refuerza los derechos de los obtentores, que son aquellos quienes desarrollan nuevas variedades, a la vez que introduce cambios en las excepciones que tradicionalmente permitían a los agricultores guardar y reutilizar sus propias semillas para siembra sin pagar regalías ni necesitar autorización expresa.
Desde CARBAP, la adhesión al UPOV 91 no es vista como un avance técnico, sino como un riesgo para los productores. En su comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no es necesario adherirse a UPOV 91” para avanzar en una actualización normativa que incentive la innovación genética y reconozca la propiedad intelectual de los obtentores.
La entidad advirtió que la adhesión a UPOV 91 “es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina” y fundamentó su rechazo señalando que el Acta de 1991 “restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”.
En este sentido, la postura de CARBAP combina la necesidad de una actualización normativa con la defensa del esquema vigente. El comunicado remarca que “es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina”.
“El debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores”, afirmó la entidad, en un pasaje del texto en el que plantea que Argentina ya tiene una base productiva robusta con “millones de hectáreas sembradas con variedades modernas”, y que el problema central “no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado”.
Asimismo, CARBAP vinculó la discusión normativa con otros factores estructurales de la economía agropecuaria. Señaló que “mientras persista” la carga de los Derechos de Exportación (DEX) —“que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión”— “cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada”.
Finalmente, la entidad remarcó que “cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuestas por compromisos externos” y sostuvo que “las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso”.
