Durante la gestión de Mauricio Macri, entre 2015y 2019, se debatió mucho la posibilidad de contar con una legislación moderna para el comercio de semillas, pero la discusión no llegó a buen puerto. El tema volvió a quedar en la nada en el gobierno de Alberto Fernández. Y con Javier Milei la cuestión respecto de cómo se comercia este insumo volvió a estar en el candelero.
Fue el mismo secretario de Agricultura, Fernando Vilella, el que habló e instaló el tema antes de que fuera siquiera nombrado en su cargo y cuando todavía suponía que su cartera se iba a llamar de Bioeconomía. En aquel momento, el 5 de diciembre de 2023, se presentó en sociedad ante unos 200 empresarios y periodistas y presentó sus propuestas de políticas agropecuarias. Cuando terminó de hablar algunos de los referentes del sector (no habían sido invitados los dirigentes rurales) hicieron preguntas y uno de los primeros fue Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros.
Vilella, que todavía no era secretario, se despachó en contra de los productores marcando una posición en favor de los presentes, ya que varios eran referentes del sector proveedor de insumos o industrializadores de lo que sale de los campos.
En esa oportunidad también dijo que muchos productores vendían en negro y también se refirió a cuestiones vinculadas al comercio de semillas fiscalizadas y de regalías, cuestiones que no pasaron para nada desapercibidas y que tuvieron un valor simbólico importante.
Con el paso de las semanas, y a pocos meses de haber asumido, hubo diferentes referencias del secretario Villela respecto de la conveniencia de que Argentina adhiera a UPOV91, un convenio internacional que apunta a proteger el derecho de propiedad intelectual de los desarrolladores de nuevas tecnologías en semillas, en sintonía con un reclamo histórico de la industria semillera. La adhesión aparecía en la Ley Bases, que no prosperó. Y ahora podría volver a aparecer en la edición reducida que se vuelve a analizar en el Congreso.
De todo este proceso hablamos en Bichos de Campo con el productor Alejandro Ladaga, que tiene sede en Bragada pero cultiva campos en diferentes localidades del centro norte de Buenos Aires.
“UPOV 91 es una agrupación de países que se reunieron bajo este paraguas para promover la protección del derecho de propiedad de obtenciones vegetales y de biotecnología. Lo que yo veo de UPOV 91 es que es muy unilateral en cuanto a su visión, y no tiene en cuenta que los intereses de las partes en el comercio de semillas no están bien defendidos”, arrancó explicando el agricultor.
“Acá hay un lobby muy fuerte de estas compañías. Si lees la declaración original es bastante inocente en parte. Pero cuando vos empezás a mirar que atrás de eso hay muchísimas otros anexos y documentación que acompañan UPOV, y en las que se hacen recomendaciones a los obtentores para presionar en las confecciones de las leyes de semillas futuras, con lo cual ahí ya te empieza a hacer ruido, porque además hay temas ahí adentro que son tratados de manera muy complicada, como el derecho de uso propio, de las variedades derivadas”, prosiguió Ladaga.
Pero para este productor el punto no está en UPOV 91 sino “en el lobby que hace un sector del negocio semillero”, que no solo incluye a las empresas proveedoras del insumo sino también “a los multiplicadores y los compradores, los semilleros más pequeños, que UPOV en realidad ignora o no defiende”.
Luego de haber estudiado el tema a fondo, el productor concluyó que el foco de la Argentina no debe estar en adherir a UPOV 91, como propuso el gobierno de Milei a instancias del secretario Vilalle, sino en generar una nueva ley que garantice el derecho de todos los participantes del negocio.
“Nadie niega el pago de las regalías o de los derechos de propiedad en un sistema donde todos los derechos sean atendidos, no solamente los de las empresas semilleras grandes. Por eso yo creo que debemos sacar un poco el foco de UPOV 91 y ponerlo así en una nueva Ley de Semillas. En 2018 se había llegado prácticamente a un acuerdo y los que revolearon la silla fueron los de ASA (las propias semilleras) que tienen otros intereses y que son los de eliminar el uso propio”, sostuvo.
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Luego Ladaga agregó que “no se puede comparar a la Argentina con otros países. De hecho el secretario de Bioeconomía continuamente saca el ejemplo de Brasil y la realidad es que Brasil no adhirió a UPOV 91 y lo que es más llamativo es que Brasil adhirió a UPOV 78, que es la anterior a UPOV 91, y lo hizo en el 94, cuando UPOV 91 estaba vigente. Alguien tiene que explicar por qué Brasil fue, estudió bien el tema y dijo no UPOV91 pero UPOV 78 sí”.
“Entonces hay cosas que no se terminan de decir. Las medias verdades son medias mentiras también, por eso un poco yo creo que tenemos que ponernos seriamente a hablar de una nueva ley de semillas y donde se respeten todas las partes y donde participen todas las partes en esa discusión de la nueva ley”, indicó.
Según Ladaga una ley para el comercio de este producto “debería considerar primero un pago único en la compra de la bolsa fiscalizada”. Pero después, “nada del pago de derechos tecnológicos a futuro, ni hectáreas tecnológicas, todo eso es un gran lío que nadie termina de tener claro. Hay que terminar con estos modelos unilaterales y reconocer el pago de las regalías en lo que sería un uso propio oneroso, tal vez teniendo en cuenta las distintas escalas de los productores”.
Además, consideró clave la figura del productor multiplicador: “Con los problemas de infraestructura de camino que tenemos en pocos días tendríamos que entregar 36 millones de bolsa de soja para la siembra sería imposible. Se distribuiría mal y fuera de tiempo. Ese modelo de productor multiplicador, que es un productor de 3 o 4 mil bolsas que existe en Estados Unidos, puede ayudar a mejorar el sistema de multiplicación de semillas”.
Por otro lado, dijo que el uso propio debe seguir existiendo en la Argentina. El otro asunto que tenemos que ver y que si uno quiere hacer como espejo de otros países, en el tema de semillas fiscalizadas, hagamos también como hace Uruguay. Que desgrava impositivamente el uso de semilla fiscalizada.
Ladaga dijo que es positivo que la adhesión a UPOV 91 haya sido retirada de la nueva Ley Omnibus del Poder Ejecutivo y sostuvo que “no tengo la menor duda” de que el secretario Vilella hace lobby a favor de los semilleros. “Fíjate, en cada aparición que tiene en los medios, saca el chivo”.
“A mí me gustaría que se siente un poquito, o que en vez de meter el chivo de UPOV91 hagamos una Ley de Semillas buena, nueva, que sea sencilla y que atienda a todos los intereses, no solamente a los de la gente que tiene ahí cerca” concluyó.
