El conflicto sindical que desde 2022 enfrenta a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) con la empresa Lácteos Vidal S.A. volvió a tener un capítulo judicial. Este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó adelante la indagatoria de Franco Marcelo Yedro, vocal titular de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen de ATILRA.
Según el acta, Yedro está acusado junto con otros dirigentes gremiales, entre ellos Heber Ríos (secretario general de la seccional General Rodríguez), Gastón Emilio Moreno (seccional Trenque Lauquen), Sergio Raúl Longo, Cristian José Martín, Diego Armando Alarcón, Rafael Alberto Ale y Ariel Sánchez, de haber protagonizado una serie de hechos ocurridos entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de 2022 en las plantas que Lácteos Vidal posee en Moctezuma (provincia de Buenos Aires) y en Tinogasta 4975 (CABA).
La acusación sostiene que los dirigentes, acompañados por otras personas identificadas con ATILRA, desplegaron medidas que excedieron el derecho de huelga: bloqueos de accesos, intimidaciones a empleados, amenazas verbales y físicas, e impedimentos para la entrada y salida de mercadería, tanto propia como de proveedores y clientes.
De acuerdo al expediente, estas acciones le habrían provocado a la empresa un perjuicio económico de $61.684.151,09, al obstaculizar el ingreso de leche cruda en la planta de Moctezuma, obligar a su derivación hacia otros establecimientos y reducir la productividad de la planta de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso se describe que parte del producto debió venderse como semielaborado, con pérdidas adicionales.
Entre los episodios que documenta la Fiscalía se enumera: A empleados a los que se les dijo directamente que “no iban a pasar nadie” o “no iban a poder prender la caldera”, amenazas enviadas por WhatsApp a una trabajadora en tratamiento oncológico, apretones de manos violentos y empujones para impedir el ingreso a la planta, y golpes y hostigamiento a quienes intentaban cumplir con sus tareas.
La causa califica los hechos como desbaratamiento de empresa (art. 174 inc. 6 del Código Penal), en concurso con los delitos de amenazas (art. 149 bis) e impedir o entorpecer el trabajo (art. 158).
Para sustentar la imputación, la Fiscalía citó un amplio conjunto de pruebas: declaraciones testimoniales de trabajadores y policías, imágenes y audios aportados por la empresa, sumarios policiales, informes del Ministerio de Trabajo y antecedentes judiciales de conflictos previos entre la firma y el gremio.
Consultado en la indagatoria, Franco Marcelo Yedro negó las acusaciones y declaró: “Niego rotundamente todas las mentiras que nos acusan. Nosotros ya fuimos juzgados por esto y ya hay una resolución. Me niego a declarar”.
La defensa, a cargo del abogado Gonzalo Díaz Cantón, también dejó asentada su oposición a la presencia del abogado querellante en el acto.
El documento concluye con la firma del imputado, su defensor y los funcionarios judiciales intervinientes, cerrando una nueva instancia en un conflicto que desde hace más de tres años enfrenta en la justicia laboral, penal y mediática a la histórica organización sindical lechera con la empresa familiar con base en Moctezuma.
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