A poco de haberse cumplido tres años del bloqueo que dio inicio al largo e irresuelto conflicto judicial entre Lácteos Vidal y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), se conoció este miércoles la imputación de dirigentes gremiales por la organización de aquel hecho. Entre ellos, el segundo en importancia a nivel nacional.
Con la firma del fiscal de primera instancia, Luis Arnaudo, de la dependencia Penal, Contravencional y de Faltas 26 de la Ciudad de Buenos Aires, es que se decidió avanzar en la investigación por los hechos ocurridos entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de 2022, tanto en la planta de la empresa en la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, como en el centro de distribución del barrio porteño de Villa Devoto.
El planteo que se hace desde Lácteos Vidal es que “existió una asociación ilícita integrada por David Cheij, Rafael Alberto Ale, Ariel Sánchez, Verónica Blas, Gastón Emilio Moreno, Franco Marcelo Yedro, Cristian José Marín, Abel Osmar Dámico, Sergio Raúl Longo y Diego Alarcón, quienes, de manera planificada y coordinada, habrían cometido una serie de hechos ilícitos”.
La denuncia explica que como integrantes del sindicato Atilra “habrían organizado y ejecutado diversas medidas gremiales” en ambas plantas, “ocasionando un perjuicio económico concreto al impedir el ingreso y egreso de mercadería en la planta de Moctezuma, así como la venta y distribución de productos en la sede de Caba”.
Lo que indica el escrito es que se reabre la investigación iniciada por el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Martín Lapadú, al momento de disponer la reapertura de esta investigación, señalando “la necesidad de construir una imputación contra quienes dirigían las manifestaciones, ya que eran los responsables de encabezar las acciones en defensa de los intereses de los trabajadores del sector lácteo”.
Se señala el accionar colectivo, con organizadores y partícipes identificables, “cuyo objetivo era alterar el normal funcionamiento de la empresa mediante la imposición violenta de una huelga a trabajadores que no deseaban sumarse, con el fin de presionar por el cumplimiento de reclamos sindicales”.
Los imputados en la investigación penal figura el segundo en importancia a nivel nacional, Heber Ríos, secretario General de la Seccional General Rodríguez de Atilra. También Sergio Longo, subsecretario de la Seccional Trenque Lauquen; Gastón Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen de Atilra; Franco Yedro, vocal titular de la Comisión Directiva de la Seccional Trenque Lauquen; Cristian Martín, suplente de la Comisión Directiva de la Seccional Trenque Lauquen; Diego Alarcón, vocal titular de la Comisión Directiva de Trenque Lauquen; Rafael Ale, delegado de Atilra en Lácteos Vidal; y Ariel Sánchez, secretario gremial.
El daño económico estimado en ese momento fue de aproximadamente 61.684.151,09 pesos, con “acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer y que se había decidido de manera intempestiva e irregular”, incluyendo “ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas… por personas que no pertenecían ni desempeñaban funciones en la empresa y que intimidaron al personal de la misma para que se sume a la huelga y/o no concurra a trabajar, impidiéndole acceder con normalidad a sus puestos”.
Asimismo, según la denuncia de la empresa, “se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes. Todo ello ocurrió en virtud de actuación coordinada de las autoridades de Atilra antes mencionadas”.
Con el detalle de varios de los hechos es que el Fiscal Arnaudo explica que provisoriamente se avanzará sobre varios artículos del Código Penal.
El artículo 174, inciso sexto, se refiere al delito de desbaratamiento de empresas, cuando de manera maliciosa, se afecta el normal desenvolvimiento de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o de servicios. También incluye la destrucción, daño, desaparición, ocultamiento o disminución fraudulenta del valor de materias primas, productos, máquinas, equipos u otros bienes de capital.
El delito contemplado en el artículo 149 bis, en concurso con el anterior, se refiere a las amenazas, agregando el artículo 158, en el que se refiere a delitos contra la libertad de trabajo y asociación, estableciendo sanciones para aquellos que ejerzan violencia sobre otro para impedirle trabajar o asociarse.
Como simple mortal que observa la impunidad de un sindicato – Atilra – más la complicidad de una Justicia con demasiada paciencia pars permitirles a estos vagos fundir a una empresas que les da trabajo. Nos revuelve las tripas. No se puede creer como juegan con la gente que da trabajo y se la juega.
Estos son los sindicalistas argentinos averigüen como viven y donde viven a costa de los pobres laburantes q solo quieren eso, tra ba jar, inútiles, inservibles, q dirían si se lo hacen a ustedes, alguna vez pónganse en la otra vereda