La Fundación Barbecheando, que sigue con atención los asuntos del campo en el Congreso Nacional, informó esta tarde que los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda lograron un dictamen sobre el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales. La iniciativa finalmente deroga la exención que tenían los inmuebles rurales, pero a pedido de varios diputados se logró atenuar el “manotazo fiscal” que eso iba a implicar sobre los productores agropecuarios.
Los diputados Pablo Torello (PRO), Marco Lavagna (Peronismo Federal) y Luis Contigiani (Socialismo) propusieron establecer el tope de alícuota en 0,25%, moción que fue aceptada por el oficialismo.
El titular de la Comisión, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) abrió el debate sobre la suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que entre sus cambios incluía la eliminación de una exención a las viviendas rurales. Enseguida, todos los bloques opositores hicieron eco y criticaron la propuesta impulsada por el justicialista Jorge Franco (Misiones) y la oficialista Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) través del Expediente 6443-D-18).
Incluso el ex minsitro de Economía, Axel Kicillof (FPV-PJ-Caba), se quejó porque el proyecto “afectaría a los campos donde el revalúo fue distinto”, y pidió discutir el paquete económico en conjunto y no “en cuotas”.
A continuación, Lavagna arremetió contra el inciso f del proyecto oficial, que elimina la eximición a inmuebles rurales del pago de Bienes Personales. La consideró como “un retroceso importante” ya que implica un doble impacto: el revaluó de los bienes y la suba del impuesto a los bienes personales. “Esto no es lo que discutimos como reforma tributaria ni cómo promover la producción en los distintos sectores como por ejemplo, el campo, que es al que afecta este artículo”, argumentó el economista.
Por su lado, el macrista Torello pidió rever la alícuota reducida (como se aplicaba anteriormente) de bienes personales, “que es de capital intensivo y baja renta”. Laspina señaló que la exención de los inmuebles rurales refería a ganancia mínima presunta, pero también reconoció que es cierto que las sociedades anónimas tributan 0,25%. “Deberíamos buscar una equidad entre aquella persona que tiene un campo como sociedad anónima y tributa el 0,25 y aquel que lo tiene inscripto como un bien rural a su nombre”, reconoció.
Ante los pedidos de cambios, Laspina accedió a tres modificaciones:
- La alícuota del 0,75% para patrimonio superiores de 20 millones de pesos
- Que se tome como parámetro las valuaciones de 2017 ajustadas por inflación
- Que los bienes rurales tributen de la misma forma que una Sociedad Anónima con tope al 0,25% (alícuota plana)
Hasta estas modificaciones, la intención del gobierno era elevar a 0,75% la alícuota de Bienes Personales para aquellos bienes con una valuación superior a 20 millones de pesos, lo cual implicaba casi todo el universo de campos productivos. Pero el aspecto más criticado era que eso se hacía al tiempo que se eliminaba la exención del pago de Bienes Personales para inmuebles rurales, ya que los productores o dueños de campos arrendados son considerados como sujetos para el impuesto de Ganancia Mínima Presunta, el cual será derogado en 2019.
“El tema es que Ganancia Mínima Presunta es posible cancelarlo como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, mientras que, si se aprueba el proyecto, los propietarios de inmuebles rurales, además de pagar Ganancias, también deberán tributar Bienes Personales”, explicó Marcelo Rodríguez, director de MR Consultores. Luego añadió que “para un campo, por ejemplo, con una valuación de 80 millones de pesos, que son dos millones de dólares con un tipo de cambio de 40 pesos, el monto por pagar de Bienes Personales para el año fiscal 2019, con el nuevo esquema, sería del orden de 600.000 pesos”.
La nueva posición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se logró luego de que varias entidades rurales mostraran los dientes ante la posibilidad de la concreción de este nuevo manotazo fiscal sobre el sector. La Federación Agraria, por caso, emitió un comunicado en el que indica que “quedó demostrado que los productores, con menor presión tributaria, habíamos empezado a recuperarnos. Los números del trigo son un ejemplo muy claro, que cuando bajó la presión tributaria, casi se duplicó la superficie sembrada. Sostenemos entonces, que a más presión tributaria, habrá menos empleo y menos producción”.
Más temprano, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había acusado que “la Comisión de Presupuesto, que preside Luciano Laspina, no permite participar, ni tomar conocimiento de cómo será para los productores agropecuarios, que son los damnificados, este nuevo ajuste que afectará al sector más competitivo de la Argentina”.
“El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país”, indicó esa entidad rural. quejándose luego del “constante cambio de reglas de juego, que va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto”.
Lo que puedo desir es que los pequeños productores arrendatarios de la pampa humeda nesesita urgente (además de.)una verdadera ley de arrendamiento,no se puede trabajar más ,pagando 18 kt de soja que nos obligan a pagar el mercado,o pagas eso te sacan el campo x que vienen los grandes y te lo sacan,la. diferencia con 1912 es que los rentista ahora son los de pequeña parsels y antes eran los terrateniente ,en difinitiva,debemos reveer eso,además nesesita que un productor de soja chico no pague retenciones,si los pequeños rentista