La Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya) presentó un escrito ante los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Productivo y de Agricultura, para pedir “que se decrete la suspensión del troceo de la media res”. También reclamaron que se ponga en marcha una mesa que elabore una nueva normativa que deje a todos los actores conformes. En caso de que no se tomen esas medidas, la entidad interpondría un recurso de amparo para frenar la medida.
Se trata nada más que de un capítulo más entre los operadores que venden al mercado interno y que trabajan con medias reses, y los exportadores del Consorcio ABC que promocionaron la norma, y que mañana reunirán a la prensa para dar sus explicaciones sobre el tema.
El 1 de noviembre es la fecha límite: ese día la carne se deberá comenzar a vender por cortes de no más de 32 kilos. Sin embargo para muchos no están dadas las condiciones por lo que temen quedar afuera del negocio.
En el documento, Camya presentó sus argumentos. Indicaron en primer lugar que si bien están a favor de cualquier norma que garantice la seguridad de los trabajadores, la “mayoría de los frigoríficos no cuentan con la infraestructura y no han realizado las inversiones necesarias para poder dar cumplimiento a las medidas” exigidas.
De esa forma la medida “deviene de imposible cumplimiento en la práctica”, por lo cual “solicitan la suspensión de la aplicación hasta tanto se constátate, de parte de las autoridades encargadas del cumplimiento, que los frigoríficos han realizado las reformas correspondientes”. De no ser así, los matarifes deberán ser declarados como exentos del cumplimiento de la medida.
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En segundo lugar la Cámara volvió a insistir en la aplicación de medios mecánicos para la descarga de las medias reses en los comercios minoristas, tal como fue adelantado por Bichos de Campo en una nota que presentaron con las cámaras frigoríficas consumeras -Fifra, Cafrisa, Afic, Unica, Cadif- y el gremio de los trabajadores (la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne).
Desde Camya pidieron la nulidad de la resolución 4 y que se emita una nueva en la que todos los actores de la industria y el comercio estén de acuerdo. Dicha resolución, según afirmaron, “carece de fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se justifique que deba ser impuesta únicamente a la industria minorista”.
Además consideraron que la medida es una “violación a derechos constitucionales como el de la propiedad, el ejercicio del comercio, de trabajo y de la industria lícita”, y que su implementación podría generar que los frigoríficos se nieguen a faenar a los matarifes por el solo hecho de no contar la con infraestructura necesaria para fraccionar el producto en unidades de 32 kilos.
Para ellos el fraccionamiento de la media res implicará más costos en la industria y la población sufrirá un encarecimiento en el valor final de la carne vacuna.
