Argentina acaba de retroceder al año 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió suspender las exportaciones de carne bovina con el propósito de provocar un “golpe” de oferta que derrumbara los precios de la hacienda.
El Ministerio de Desarrollo Productivo (nombre que a esta altura parece más una broma que otra cosa) anunció esta noche que procedió a cerrar las exportaciones de carne por el término de 30 días “como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno”.
La noticia, que fue adelantada por el propio presidente Alberto Fernández a representantes del ámbito frigorífico poco antes de ser ser anunciada, tomó por sorpresa al sector, dado que apenas unos días atrás habían anunciado un “acuerdo cárnico” que, supuestamente, iba a garantizar el flujo de ventas externas –en el marco de un esquema regulatorio comandando por la Secretaría de Comercio Interior– a cambio de comercializar al menos 8000 toneladas mensuales de cortes a precios subsidiados con recursos propios de la industria
La canasta cárnica bovina medida por el Indec en la ciudad de Buenos Aires –integrada por asado, carne picada, nalga, paleta y cuadril– registró una suba interanual del 78% en abril pasado, una cifra muy superior al promedio de los alimentos, cuyo ajuste en el período fue del 43,2%. Irónicamente, buena parte de ese aumento se explica por el déficit de oferta de hacienda provocado por por la intervención promovida por el primer gobierno kirchnerista entre 2006 y 2015.
En las últimas semanas se registraron diferentes manifestaciones por parte de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, respecto de intervenir las ventas externas de alimentos, al tiempo que referentes y medios oficialistas están haciendo grandes esfuerzos para asociar la inflación con el precio de los productos agropecuarios.
En ese contexto, el núcleo de funcionarios kirchneristas, que viene ganando cada vez más posiciones de poder en el ámbito de la coalición gobernante integrada por diferentes fuerzas del peronismo, pretende imponer una completa regulación del comercio exterior de productos agroindustriales, similar a la que, en la década pasada, provocó una liquidación histórica de más de diez millones de cabezas bovinas y destruyó la producción argentina de cereales en general y de trigo en particular.
De hecho, la semana pasada el director nacional de Control Comercial Agropecuario, Luciano Zarich, se reunió con representantes de la industria frigorífica para prometerles que la nueva Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC) no actuaría como una traba al comercio de tales productos. Aunque, luego de la noticia conocida esta, tal promesa quedó en el olvido.
