La Ley de Emergencia citrícola 27.507 entró en vigencia a mediados de 2019 para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, emulando a la que había beneficiado a los productores de peras y manzanas, que por diferentes razones no se hallaban en condiciones de afrontar los costos patronales.
En octubre del año pasado, la situación de emergencia seguía un continuado y hasta se había agravado por la pandemia. Entonces el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.569, que estiró la vida útil de la primera norma durante un año más y extendió los beneficios a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. Con esta pequeña reforma, la ley alcanzaba también a la poderosa actividad limonera tucumana.
“Extiéndase por el término de trescientos 365 días desde su vencimiento el plazo previsto en el artículo 1° de la ley 27.507”, decía esta segunda ley de octubre pasado. Sin embargo, han pasado casi la mitad de esos días y nadie la puso en vigencia. Por lo tanto, los beneficios para estas economías regionales no se aplican.
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¿Qué beneficios? Pues no demasiados pero vitales. Al ser declarados en emergencia, los empresarios del sector citrícola pueden patear para más adelante (no ser eximidos) los denominados aportes patronales, que resultan bastante pesadas en una actividad que es mano de obra intensiva. Cuando en octubre de 2019 la AFIP reglamentó la primera de las leyes dispuso la prórroga para el pago de esas obligaciones y la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones y de los juicios de ejecución fiscal.
El problema es que ahora, en los próximos días, comienza la cosecha de naranjas y mandarinas en las provincias del NEA y el segundo episodio de la emergencia jamás se reglamentó. En Entre Ríos y Corrientes están los “primos pobres” de la actividad: hay unas 35 mil hectáreas que están distribuidas entre varios cientos de productores, que a la vez deben emplear a unas 20 mil personas de la región para esta actividad zafrera.
Santiago Caprarulo, de la Cámara de Exportadores de Citrus del Norte Argentino (Cecnea), contó a Bichos de Campo: “Simplemente debemos decir que es un tema muy menor pero no resuelto, que viene desde octubre del 2020 sin efectivizarse y ahora arrancamos la cosecha, movilizamos 20 mil personas y lo necesitamos. No podemos esperar más”.
¿Por qué es tan importante? Porque si no se reglamente esta ley los empresarios estarán obligados a afrontar las contribuciones patronales sin ningún tipo de prórroga. Y eso supone un costo inmediato cercano a los 100 millones de pesos.
El dirigente empresario no disimuló la molestia por la falta de profesionalismo en el estado, que pone en estado de zozobra a los productores. “Hay que andar cabildeando por las oficinas públicas para tratar de que salga algo que debería ser trabajo del Estado”, se lamentó Caprarulo. A su criterio, con la ley ya escrita y prorrogada, no debería hacer falta más que una breve resolución de AFIP para reestablecer su vigencia.
La cosecha y empaque de cítricos dulces suele extenderse por unos cinco meses. Hacia el final de la cosecha 2020, en agosto pasado, la Unión Europea (UE) le pegó un palo al sector exportador al imponer controles de Mancha Negra, una enfermedad de los cítricos. El Senasa decidió paralizar las exportaciones.
El año pasado, además, el sector debió afrontar un aumento salarial importante y superior a la inflación, que llegó al 88% y también metió presión sobre los exportadores de naranjas y mandarinas. Los aportes patronales corren sobre esos nuevos salarios.
