Una de barrabravas, plantaciones sospechosas y una dudosa gestión: Echaron a un funcionario clave del INASE y ponen bajo revisión los permisos para producir cannabis legal

En la Secretaría de Agricultura siguen los despidos, aunque esta vez no se trata de abogadas inocentes estigmatizadas por el secretario Fernando Vilella sino de un alto funcionario que ha sido clave en la configuración de una de las políticas más promocionadas por la anterior gestión: la difusión del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Fue un desplazo sorpresivo, porque el director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas (INASE), el santafesino Gabriel Giménez, había sido ratificado en ese alto cargo -el segundo en importancia dentro del organismo- a través de la Resolución 2/2024 del 31 de enero, firmada por el nuevo presidente Claudio Dunan.

Pero pasaron pocas semanas y la confianza se quebró: “Para ese puesto de director nacional resulta fundamental la experiencia, los conocimientos técnicos, el liderazgo y una visión de hacia dónde tiene que ir el INASE. Los antecedentes de Giménez no tienen relación alguna con estos requerimientos y la realidad es que, en mas de dos meses, falló con todo y se le dio de baja al contrato”, explicaron en la primera línea de Agricultura.

Es cierto que Giménez, originario de Firmat, no tiene título profesional (productor de la política local, fue delegado del Renatea en tiempos del kirchnerismo, aunque fue removido de ese cargo y se lo trasladó a Buenos Aires). Pero desde 2021, cuando fue creado el cargo de Director Nacional que ocupaba, se había convertido en el número dos del INASE. Y no solo eso, a partir de enero de 2023 fue designado como el representante de la Secretaría de Agricultura ante la flamante Agencia Federal del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Aquí las situaciones personales o profesionales que pudieran haber conducido al despido de Giménez se comienzan a entremezclar con la política pública. Y es que el ex funcionario fue una pieza clave en la estrategia del gobierno anterior de convertir al cannabis de uso medicinal y el cáñamo industrial en un nuevo cultivo para la Argentina. De hecho, junto con su expulsión del gobierno se viene una forzosa revisión de todo lo actuado por el INASE hasta ahora.

El Instituto de Semillas es el organismo encargado de aprobar las nuevas variedades de cannabis para el mercado legal de ese cultivo. Se trata de plantas que tienen menos contenido de THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana tradicional. Desde la legalización, y bajo el mando de Giménez, se ha aprobado una catarata de nuevas variedades de cannabis y cáñamo, con un total de 48 inscripciones. Esa posibilidad se habilitó con la Resolución Conjunta 5/2021, que permite que en la Argentina se inscriba nuevo germoplasma de origen nacional y extranjero de Cannabis sativa L.

Algunas fuentes dijeron a Bichos de Campo que se sospecha que hasta aquí, bajo la tutela del despedido Giménez, el INASE favorecía a unos, los criaderos nacionales, por sobre los otros, quienes traían variedades de cannabis desde el exterior. ¿Y cómo? A los foráneos, al parecer, se les exigía tener la aprobación también del Ministerio de Salud antes de poder multiplicar su variedad, mientras que con algunos jugadores nacionales se hacía la vista gorda frente a ese requisito.

Llama la atención que en la página del INASE referida al asunto ahora se haya destacado en letras negritas que las normas vigentes exigen la “autorización previa” del Ministerio de Salud para los proyectos que intentan producir cannabis medicinal o cáñamo para usos industriales. La nueva conducción a cargo de Dunan no puede revertir los permisos ya otorgados, pero con los trámites pendientes de aprobación (que son muchos) forzó que tengan ese permiso del área sanitaria antes de ingresarlas al Registro de Cultivares.

En sus redes sociales, Giménez, el alto funcionario ahora despedido, se define como militante peronista y en sus tiempos de mayor poder se vanagloriaba de tener línea directa con el Instituto Patria, donde manda la ex presidenta Cristina Kirchner.

Pequeño problema, en los últimos meses -desde el cambio de gobierno y la llegada de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Javier Milei-, han comenzado a llegar al INASE una serie de requerimientos o exhortos de la justicia, ya que se han producido diversos allanamientos a plantaciones de cannabis que -frente a la irrupción de las fuerzas de seguridad- argumentan ser criaderos formales habilitados por ese organismo.

Definitivamente el caso más grave de todos, y quizás el detonante de este despido, sucedió el 13 de febrero pasado en la localidad de Arroyo Leyes. En un impactante operativo, la Policía Federal ingresó a un campo -con un impecable sistema de riego y hasta iluminación- donde se cultivaban unas 1.600 plantas de cannabis. El establecimiento utilizaba como pantalla una habilitación del INASE. Por eso no se entendía como “además de las plantas, los uniformados incautaron fertilizantes, aditivos e insecticidas, fumigadores, masetas y luminarias, junto con tres pistolas, una escopeta, municiones de distintos calibres, un chaleco antibalas, tres equipos de comunicaciones, un sistema de videovigilancia y documentación”.

El 1 de marzo, la justicia procesó finalmente a siete personas, acusándolas de pertenecer a una banda dedicada “al cultivo y a la comercialización de estupefacientes, concretamente marihuana”. La organización delictiva era liderada por Gabriel Alberto Nudel, más conocido como “Cachiporri”.

“Este delincuente, con antecedentes de narcotráfico y perteneciente a una facción de la barrabrava de Colón, administraba bajo un supuesto ‘permiso’ un campo de marihuana que estaba altamente protegido con puestos de vigilancia y hombres armados”, publicó en las redes sociales la ministra Bullrich. En rigor, Cahiporri era el líder de una de las facciones de la barra sabalera llamada “La Negrada”.