El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por la jueza Marta Lilina Snopek y los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almáraz, condenó a Héctor Daniel Pereyra a una pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La investigación fue llevada a juicio por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien contó con la colaboración de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, tanto en el ámbito investigativo como de litigación.
Héctor Daniel Pereyra fue juzgado por haber comandado un transporte de 181 kilos de cocaína, que fue descubierto el 12 de septiembre del año pasado en la ruta 53, a la altura del paraje Corral Quemado, a pocos kilómetros de la localidad de Padre Lozano, en el departamento General San Martín. Por ese hecho se formalizó acusación el 19 de septiembre de 2023.
La droga había sido hallada en un doble fondo de una camioneta, que fue encontrada volcada y abandonada. La hipótesis expuesta y acreditada en el juicio indicó que Pereyra obtenía la droga de Bolivia, previas negociaciones con proveedores en Salvador Mazza. Una vez que tenía el producto, lo trasladaba a la ciudad de Buenos Aires, para lo cual utilizaba distintos vehículos, tanto para la carga como para hacer de “coche puntero” y evitar así los controles de las fuerzas de seguridad.
La investigación se inició el 1° de febrero de 2023 a partir de un informe remitido por la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional Salta, que dio cuenta de la participación de Pereyra en maniobras de tráfico de drogas y del uso de la camioneta para tales fines.
La zona donde se encuentra ubicada la vivienda de Pereyra no tiene acceso a wi-fi ni datos telefónicos, pero –de acuerdo con la investigación– el narco había ideado un sistema para comunicarse por teléfono celular: emplazó un mástil con el cual elevaba un balde, en cuyo interior ubicaba un teléfono que enviaba y recibía los mensajes al resto de la organización.
Así, a pesar de no tener conectividad al ras del suelo, lograba captar algo de señal a varios metros de altura, luego de lo cual bajaba el celular, respondía los mensajes y volvía a repetir la operación.
El rancho en cuestión está ubicado en el puesto El Dichoso, en el paraje de Barrancas Coloradas, distante a unos 28 kilómetros al sur de la localidad de Alto La Sierra, en Santa Victoria Este.
Según la fiscalía, desde ese lugar situado en la planicie del Chaco salteño, Pereyra diagramó el traslado de la droga gracias al sistema de comunicación propiciado por el mástil y el balde.
En el juicio surgió que en el lugar vivía con su pareja y cuatro hijos, que tenía 100 vacas (probablemente para simular una actividad lícita) y que la vivienda contaba con energía provista por paneles solares. El puesto más cercano, Las Juntas, donde hay una escuela a la que iban sus hijos, está ubicado a unos 8 kilómetros.
También se determinó que el acusado había implementado en su organización el uso obligatorio de las aplicaciones Wickr Me y Surepot para enviar los mensajes vinculados al tráfico de la droga, ya que ambas borran los mensajes una vez leídos.
Pese a estas previsiones, la fiscalía pudo valerse de un gran cúmulo de pruebas a partir de los peritajes realizados a los teléfonos secuestrados, como también al informe confeccionado respecto a los impactos de las antenas de telefonía, que ayudó a confirmar los movimientos de los integrantes de la organización.
De esta manera, se pudo reconstruir el derrotero de Pereyra respecto al transporte de los 181 kilos de droga y de otros tres viajes más, que tuvieron en común el mismo trayecto, desde el norte de Salta a Buenos Aires, lo cual permitió reforzar la hipótesis fiscal.
Según la fiscalía, en los transportes Pereyra solía hacer de “coche” puntero extra en su camioneta. Los roles de transportista y barrido de la ruta, en tanto, se repartían entre su primo y su sobrino.
