La discusión por la crisis generalizada que afecta a gran parte de las economías regionales ahora también se libra en los recintos del Congreso. El diputado radical Pablo Juliano, del bloque de Provincias Unidas, acaba de presentar un pedido de informes que exige al gobierno dar a conocer qué políticas, iniciativas o proyectos tiene en carpeta para paliar la difícil situación percibida en varias producciones del interior del país.
Así lo dispuso mediante el Proyecto de Resolución Expediente 0044-D-2026, que ingresó hoy a la Cámara de Diputados y que, en caso de ser aprobado, obliga al Poder Ejecutivo a, en un plazo no mayor a 30 días, dar una respuesta.
Un repaso por los fundamentos vertidos por Juliano y las demandas a la que deberían atender desde Casa Rosada si la iniciativa llega a buen puerto.
Sobran los testimonios y la evidencia de las dificultades que atraviesan desde hace ya varios meses las principales economías regionales del país. Cuando no es la crisis yerbatera y tabacalera, es la sangría en el sector frutihortícola, o las dificultades para viñateros y bodegas, o las disputas dentro del sector olivícola, o el interminable flagelo algodonero.
Es sabido que detrás de cada una de esas actividades no hay solamente cifras, sino también mano de obra, arraigo, agregado de valor en origen y comunidades enteras que abastecen a muchas otras ramas productivas. A todo ese amplio universo golpea hoy la crisis estructural del sector, motorizada por el aumento de costos, la falta de crédito, la pérdida de rentabilidad y de competitividad y la baja del consumo interno, entre otros factores.
En ese sentido, el diputado radical elevó un pedido de informes para que el gobierno indique, según consta en el proyecto, “cuál es su estrategia para la inclusión de las economías regionales dentro del programa económico vigente, qué herramientas prevé implementar para sostener la competitividad sectorial y qué medidas se adoptarán para proteger el empleo, las pymes rurales, las cooperativas y el entramado social territorial”.
Particularmente, Juliano apuntó a las políticas diseñadas desde Hipólito Yrigoyen 250, que hasta ahora han concentrado sus esfuerzos en la macroeconomía pero poco han dejado a este amplio abanico de producciones.
“El actual programa económico, si bien puede perseguir objetivos macroeconómicos legítimos, evidencia déficits en la implementación de políticas diferenciadas que contemplen la heterogeneidad productiva del país y las particularidades estructurales de las economías regionales”, señaló el legislador.
Si el proyecto es aprobado en la cámara baja, el Poder Ejecutivo debería brindar información precisa y fehaciente sobre una serie de puntos específicos:
- Si hay un plan estratégico federal para el desarrollo y sostenimiento de las economías regionales
- Si se han realizado diagnósticos técnicos y económicos sectoriales en el último año, y los resultados obtenidos.
- Qué políticas públicas se han implementado o se proyectan implementar para mitigar el impacto del incremento de costos productivos, laborales, logísticos, energéticos y financieros que afectan al sector.
- Si ha evaluado el impacto del tipo de cambio real, la apertura comercial y la estructura tributaria nacional sobre la competitividad.
- Qué herramientas específicas de financiamiento, asistencia técnica o programas de sostenimiento productivo y laboral se encuentran vigentes.
- Si se han realizado evaluaciones sobre el impacto social y laboral derivado de la pérdida de rentabilidad en economías regionales.
- Qué mecanismos de diálogo institucional mantiene con organizaciones representativas de productores, cooperativas, pymes rurales, trabajadores rurales y gobiernos provinciales.
- Qué medidas se prevén adoptar para garantizar el arraigo territorial, la continuidad de la producción primaria, la sustentabilidad de las pymes agroindustriales y la preservación del entramado socioeconómico regional.
“El federalismo productivo no puede sostenerse si las economías regionales se debilitan. Estamos viendo pérdida de rentabilidad, aumento de costos, dificultades de financiamiento y riesgo en miles de puestos de trabajo”, sostuvo Juliano.
Asimismo, advirtió por el efecto que genera la crisis y los procesos de concentración en el sector y aseguró que paliarlos implica “garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de desarrollo federal, justicia social y protección del trabajo”.
