El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) decidió extender hasta fin de marzo de 2023 la declaración del alerta fitosanitaria en Tucumán ante la presencia inquietante de la chicharrita, el insecto que actúa como vector de la temible enfermedad HLB (Huanglongbing), que directamente mata los cítricos y no tiene cura por ahora más que la erradicación de las plantas. Para un polo limonero como el que existe en la provincia, eso sería una tragedia social y económica.
La emergencia había sido declarada el 2 de mayo de 2022, luego de la detección de focos del insecto vector del HLB, la Chicharrita de los Cítricos (Diaphorina citri. kuwayama) en el Departamento Leales, al sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero se consideró suficiente como fecha para finalizar los trabajos especiales el 30 de noviembre de 2022. Ahora esa fecha se estiró a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Los análisis dieron negativo: No había HLB en los ejemplares de chicharrita encontrados en Leales
¿Por qué motivo? Porque las cosas no parecen estar del todo calmas a pesar de los controles sanitarios. Por un lado, porque “a raíz de la intensificación del monitoreo visual y de la instalación de trampas adhesivas amarillas se detectó un nuevo foco del vector en la localidad de Villa de Medinas, Departamento Chicligasta”, también dentro de la provincia de Tucumán.
Además reconoció el Senasa que durante 2022 se tomaron 14 muestras de material vegetal con sintomatología sospechosa de HLB, además de 45 muestras del insecto vector de la enfermedad. Pero por fortuna todos los análisis concluyeron que estaban libres de la bacteria Candidatus Liberibacter spp, agente causal del HLB.
¿Entonces por qué se estira la situación de emergencia fitosanitaria? La respuesta es que “el incremento poblacional del insecto vector acompaña el aumento de las brotaciones de las plantas cítricas y de la temperatura durante la temporada primavero-estival, por lo que corresponde continuar con las tareas de monitoreo y control, a los efectos de disminuir la población del insecto a niveles no detectables”.
Esta declaración de emergencia le permite a Senasa no solo tomar decisiones ejecutivas en el territorio sino también gestionar “los recursos económicos que permitan solventar los gastos que se desprenden de afrontar las actividades de vigilancia, prevención y control”.
