El “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” estuvo colmado de desmanejos en los últimos dos años a partir de lo relevado por una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Los auditores de la Sigen, al analizar los flujos del fideicomiso dedicado a la administración del Fondo del Manejo del Fuego, descubrieron falencias en los procedimientos de control y validación de la facturación por servicios aéreos.
Mientras que la normativa establece que las contrataciones de tales servicios en dólares deben abonarse en pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación del día anterior, los proveedores ponían en la factura el tipo de cambio que mejor les parecía.
El informe de la auditoría determina que “puede observarse que hay facturas por importes mayores y menores al que corresponde. El importe neto asciende a 70.457.865 pesos a favor de los proveedores. Esto denota claramente una falta de control sobre las facturas de proveedores”.
Del análisis de las rendiciones de cuentas surgió que no resultó posible “conciliar los montos facturados por los proveedores con las transferencias incluidas en las rendiciones de BICE Fideicomisos S.A., como así tampoco es posible establecer qué facturas cancelan dichas transferencias o a qué orden de compra corresponden los desembolsos que el citado fiduciario incluye en sus rendiciones”.
Vale recordar que en 2021 se creó una “contribución obligatoria” del tres por mil sobre las primas de todos los seguros con excepción de los dedicados al ramo de vida y retiro voluntario. Al respecto, el informe señala que fue imposible “establecer los montos que ingresan al fideicomiso por las transferencias de contribución por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) del tres por mil”.
A partir de la información brindada por el fiduciante (BICE) “no resulta posible establecer una correspondencia entre las resoluciones que ordenan las transferencias al fideicomiso, los montos que certifica haber transferido la SSN a la CUT recaudadora del organismo de los montos y los documentos de transferencias y pagos”.
La auditoría señala que, tal como fue gestionado el fideicomiso, es imposible de realizar un estudio con criterios de trazabilidad debido a desorden administrativo de las actuaciones.
“La compilación de la documentación dentro del expediente no permite una revisión amigable. Así, se incorporan a documentos embebidos otros documentos también embebidos, situación
que no siempre se advierte en el documento madre, no se respeta un orden cronológico que permita establecer una trazabilidad del trámite, como así tampoco incorporan documentos que se citan en otros documentos, por lo que se deben consultar los mismos por fuera del Gestión Documental Electrónica (GDE). Se incluye documentación de manera doble o triple en cualquier lugar del expediente, todo lo cual dificulta de manera importante la revisión de las actuaciones”, precisó.
Por otra parte, se solicitó la contratación de 62 personas por un monto de 55,6 millones de pesos durante 2022 y 56 personas por un monto de 185,6 millones en 2023, de las cuales no pudo constatarse el cumplimiento de los servicios establecidos en las condiciones de contratación.
En relación a la compra de autobombas, se detectaron demoras significativas en los procesos de contratación, falta de respaldo documental de los oferentes; y se observaron modificaciones a las especificaciones técnicas post adjudicación.
