El escenario, pese a la buena onda de Javier Milei con el sector agropecuario, es como sigue: las empresas del rubro ya se quedaron afuera del RIGI en 2024, un régimen para incentivar las inversiones que excluyó a la agroindustria pese a que representa 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Ahora estaba la chance de entrar a un sistema parecido con el flamante RIMI, incorporado como un capítulo de la reforma laboral. Pero al parecer, los exiguos montos de inversión contemplados también amenazan con dejar a las firmas del agro afuera de cualquier beneficio fiscal.
En este escenario, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que integra a 63 cámaras de 36 cadenas productivas diferentes, que además explican casi 60% de las exportaciones, presentó ante los jefes de los bloques de senadores -que es la cámara de ingreso de la ley laboral enviada por el Ejecutivo- una propuesta para que reformen dos artículos del proyecto oficial, de manera de ensanchar el universo de potenciales beneficiarios del RIMI.
Las empresas del agro no quieren otra vez más quedar pedaleando en una BICI.
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que comenzó a debatirse en el Cámara Alta, apuntaba a repetir la experiencia del RIGI (que apuntalaba inversiones de más de 250 millones de dólares) pero a escala de pequeñas empresas.
Pero desde el CAA advirtieron que, bajo la redacción actual del gobierno, “un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios”, que son la amortización acelerada de Ganancias y el recupero del IVA.
Según la mirada del bloque agroindustrial, entre los sectores que no podrían ingresar al RIMI se encuentran las bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, las plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, los molinos y fábricas de molienda de girasol, y la industria de la maquinaria agrícola.
¿Por qué no ingresarían? Básicamente porque el monto de inversiones contempladas por ese Régimen se corta en la categoría Pyme Tramo 2 y por lo tanto el nivel de inversiones a favorecer es relativamente modesta, de hasta 30 millones de dólares como tope. Esto deja una franja intermedia, que también está muy lejos de los 250 millones que ponía el RIGI como piso.
Por eso el CAA sugirió al Congreso la modificación de los artículos 175 y 177 del proyecto para lograr:
- Inclusión de todo tipo de empresas: Se propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas.
- Crear una nueva categoría de inversión: Se sugiere incorporar un inciso para “el resto de las empresas” no categorizadas como Pymes, estableciendo un monto de inversión mínima de 30 millones de dólares para acceder a los beneficios del régimen.
“El objetivo de esta iniciativa es corregir exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales, permitiendo que el régimen sea verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión”, explicó el Consejo, que recordó que “estos cambios ya contaban con el consenso del Poder Ejecutivo y fueron incluidos previamente en proyectos legislativos del año 2024”, pero curiosamente ahora alguien se los olvidó.
Una dificultad es que el oficialismo de La Libertad Avanza justo este jueves logró dictamen favorable para la reforma laboral, que incluye este asunto, en la Comisión cde Trabajo y Previsión Social, que preside Patricia Bullrich. De todos modos habrá tiempo para hacer retoques, pues la propia ex ministra informó que el proyecto recién ingresaría al recinto el 10 de febrero de 2026, y no en la próxima sesión del 26 de diciembre, donde se debatirá solamente al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal, ambos aprobados por Diputados.
