Luego de que el gobierno de Milei se anotara un poroto ante la media sanción conseguida en el Senado para la reforma de la Ley de Glaciares, la iniciativa encontró un freno en su ingreso a Diputados.
Si bien el plan original era conseguir la aprobación antes de mediados de marzo, el temor a una posible judicialización y la presión de la oposición –que invocó las exigencias del Tratado de Escazú, al que la Argentina adhirió y tiene rango constitucional- obligaron a postergar el debate por casi un mes. Durante ese tiempo, el oficialismo accedió a realizar dos audiencias públicas: una presencial, el 25 de marzo próximo en la Ciudad de Buenos Aires, y otra el 26 abierta a la participación en todas las plataformas.
El Senado aprobó la reforma de la ley de glaciares con seis votos a favor de legisladores cuyanos
En el Senado, el tratamiento de este proyecto, que busca modificar los alcances la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, obtuvo un tratamiento exprés con apenas dos reuniones de comisión realizadas. En el recinto cosechó 40 votos afirmativos contra 31 negativos, además de una abstención.
La balanza en la Cámara Baja, a priori, se inclina para el oficialismo, que cuenta con una base de 129 a 131 votos a favor. Sin embargo, la oposición confía en poder convencer a varios de los indecisos.
En concreto, la iniciativa redefine qué glaciares quedarían protegidos y delega en las provincias la determinación de qué cuerpos de hielo cumplen esas funciones, desplazando el rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Conicet y especializado en el asunto.
Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes, abarcando principalmente las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy y Tierra del Fuego. Las mayores masas de hielo se concentran en Santa Cruz, San Juan y Mendoza.
Las provincias cuyanas más áridas –San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca– son las que mayor nivel de dependencia tienen de estos reservorios, que representan su fuente de abastecimiento de agua tanto domiciliar como productiva.
“Está comprometida no solo una cuestión jurisdiccional de provincias, que pueden tener desarrollo minero en particular, sino también otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, advirtió el legislador Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, durante el primer plenario de comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
“El oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y logramos que se acepte ese pedido”, celebró.
