Pergamino ya no es sólo reflejo de pujanza por el desarrollo agropecuario y fertilidad óptima de sus suelos para que crezca “cualquier cosa”. En estos momentos está en el ojo de la tormenta en medio de lo que se plantea desde hace tiempo como un “divorcio” entre comunidad agropecuaria y sociedad en general. Los cuestionamientos de grupos ambientalistas y de vecinos que habitan cercanos a los campos donde se fumiga y pulveriza se acrecentaron mucho más, al igual que se amplió el ejido urbano, borrando límites con los terrenos que se usan para explotación agropecuaria.
La última noticia es que detuvieron a tres personas acusadas de fumigar a 90 metros de dos establecimientos educativos- la Escuela N° 19 y el Jardín de Infantes N° 920- en la localidad Juan A. de la Peña, perteneciente al partido de Pergamino. Los detenidos son Marcelo Daniel Acerbo, propietario de un campo, José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo y Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas.
“Estamos preparando la defensa. El tipo penal que se aplica surge de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en el artículo 55“, dijo a Bichos de Campo Silvia Piaggio, abogada del estudio Piaggio, Grigera y asociados, y defensora junto al abogado Juan Carlos Marchetti, de Marcelo Taboada, uno de los acusados en una causa originada en denuncias de los vecinos y por orden del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo.
Según Piaggio, “se los imputa por haber fumigado, dentro de una zona de 100 metros de exclusión, habiendo violado sólo 10 metros. De las pruebas que existen, surge que ellos tenían la receta agronómica como corresponde, se habían presentado frente a la autoridad de contralor para avisar que iban a fumigar y las condiciones climáticas eran las adecuadas para hacerlo, con el viento soplando para el lado inverso de la urbanización. Era todo correcto”.
“Los 3 estuvieron detenidos por 24 horas hasta que fueron citados a indagatoria y en ese momento hicieron uso del derecho de no declarar, justamente para preservar su derecho de defensa, porque desconocían hasta ese momento, la imputación que se les hacía, y las pruebas en virtud de las cuales se hacía la imputación. Por eso se pidió al juez una próxima fecha de declaración para este viernes 29 de noviembre”, agregó Piaggio.
“Un vecino dio aviso a la Policía Federal, la cual vino hasta el lugar y le comunicó al juez Villafuerte Ruzo todo el operativo que se estaba llevando a cabo; y el juez, ante la evidencia de todas esa pruebas que se le transmitieron, autorizó a que se siga fumigando. ¿Qué pasó después? Se presentó el vecino que había hecho la denuncia en la Municipalidad, alegando que se habían violado los 100 metros de exclusión absoluta de fumigación. Y entonces vinieron funcionarios de la Municipalidad, y midieron aproximadamente 90 metros sin fumigar, es decir que aparentemente se habrían violado 10 metros de exclusión. Esa es la imputación”, remarcó la abogada.
Escuchá el reportaje completo realizado a Silvia Piaggio:
Piaggio recordó que “hay una ordenanza que rige en el resto del partido de Pergamino, salvo en la ciudad, donde rige una medida cautelar. Desde el año 2014 está la ordenanza 8126, donde la Municipalidad exige una serie de requisitos para fumigar; entre ellas, y tal como lo ordenan las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que exista una receta sobre el producto a aplicar y que se de intervención a la autoridad de control para que se vea si están dadas las condiciones climáticas favorables al momento de la aplicación de productos fitosanitarios”.
La abogada agregó que esa ordenanza también “establece una zona de exclusión absoluta de 100 metros desde la última urbanización, donde no se permite ninguna fumigación, y se establece también una zona de amortiguamiento de 500 metros donde se permite la aplicación de productos que sean banda verde, que son aquellos considerados inocuos o no peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de los cuales se encuentra el glifosato”.
Sin embargo, Piaggio aclaró que “eso no quita que, como pasa en todos lados, algunas personas no cumplan con las reglamentaciones, y es lo que aparentemente sucedió este año en el barrio de Villa Alicia, donde algunos denunciantes dicen estar sufriendo daños en la salud como consecuencia de las fumigaciones”.
Ver: Los pergaminos del glifosato: Habla uno de los productores imputados
De aquella causa surgida en 2018 en el barrio Villa Alicia de Pergamino, se condujo al procesamiento en octubre de este año, de otros 3 productores: Mario Reinero Roces, Fernando E. Cortese y Víctor H. Tiribo, acusados del delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada, al menos desde 2011 en adelante.
“En la resolución de abril se dispuso que en ese barrio no se fumigue, estableciendo una zona de exclusión importante. En agosto se extendió la medida cautelar a todo el ámbito de la ciudad, disponiéndose que se pase de los 600 metros a 1095 metros de exclusión absoluta, inclusive de productos banda verde para fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para fumigaciones aéreas. Eso rige en la ciudad de Pergamino y en zonas periurbanas”, detalló la abogada.
“Pero en la misma disposición en que el juez dictó esa cautelar, se pidieron informes a la Municipalidad de Pergamino, respecto de la totalidad de los pueblos de campaña, cantidad de habitantes, establecimientos educativos rurales del partido, a los efectos de fijar los parámetros de distancia que resulten más adecuados. En los pueblos de campaña, que por ahora están excluidos de esta medida cautelar, se acercaron a nosotros algunos productores, temerosos de que se extienda la medida al resto del partido, sobre todo cuando no hay pericias o algún motivo objetivo que permitiera determinar que en esos lugares se hacían malas prácticas agropecuarias”.
Fue así como Piaggio relató que se presentó frente al juez junto a otros 40 productores. “Le demostramos al juez que era totalmente innecesario ampliar la medida cautelar a los pueblos de campaña, habiendo analizado también las pericias que se habían producido y que no mostraban niveles de contaminación por encima de los internacionalmente admitidos, y demostrando que la vida y la salud son totalmente compatibles con la producción agrícolo- ganadera”.
Esa presentación fue incorporada al expediente, y según la abogada, “no tuvo aún una resolución, pero al menos no se extendió la medida al resto del partido. Si esa cautelar se extendiera a los pueblos de campaña, calculamos que se perderían 20.000 hectáreas productivas que representan aproximadamente unos 800.000 quintales de soja, como para dimensionar el daño económico que se proyecta en la comunidad”.
Ya el título suena a menaza…,..son más importantes las 20000 hs productivas que la gente enferma???
Decir que se violó solo por 10 metros es como decir que violo a una persona pero solo por un poquito….(Disculpen la grosería) pero las leyes son para cumplirlas