La Comisión Europea informó que implementará próximamente una nueva legislación orientada a garantizar que un conjunto de productos agroindustriales comercializadas en el mercado de la UE-27 dejen de propiciar la deforestación a nivel global.
Una vez instrumentada, la nueva legislación obligará a las empresas pertinentes a actuar con la diligencia debida si introducen en el mercado de la UE-27 aceite de palma, carne bovina, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus productos derivados.
Tras la entrada en vigor de la nueva exigencia por implementar en 2023, los agentes económicos tendrán dieciocho meses para adaptarse y cumplir el requisito.
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“La Unión Europea es el principal cliente de cortes vacunos de alto valor de la Argentina. En los primeros diez meses de 2022, según datos oficiales, las ventas de ese producto a la UE-27 generaron 440,6 millones de dólares”, señaló la Agtech Satelligence por medio de un comunicado.
Se trata de una compañía que, por medio de imágenes satelitales, puede certificar el origen “libre de deforestación” de los campos de origen de la hacienda destinada al mercado europeo.
La empresa –cuya sede central se encuentra en Países Bajos– compila datos satelitales en una aplicación web que brinda una imagen geográfica de la cadena de suministro a la cual se puede acceder desde cualquier dispositivo. El diseño de los algoritmos presente en la aplicación está validado por Ernst & Young.
“Adicionalmente, en los últimos tiempos se realizaron avances genéticos importantes, como es el caso de las razas Braford y Brangus, los cuales, junto con manejos muy profesionales, permiten producir cortes de alto valor en el norte argentino que son muy apreciados por los consumidores europeos”, añadió Satelligence.
Debido a la importancia que tiene el mercado de la UE-27 para la ganadería argentina, la empresa aconsejó comenzar cuanto antes a verificar las localizaciones de los diferentes orígenes de la hacienda para poder así realizar ajustes en caso de ser necesario.
La plataforma ya está siendo empleada por entidades bancarias, como es el caso de Rabobank, para validar el otorgamiento de créditos “verdes”, así como por grandes compañías agroindustriales internacionales, entre las cuales se incluyen Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Wilmar y Olam.
