Los ruralistas de la Mesa de Enlace, más allá de toda la pátina de bronce que pueden haber heredado de la historia reciente, son dirigentes gremiales que deben obtener medidas concretas a favor de sus representados, especialmente en este contexto donde la fortísima sequía provocó daños severos en el tejido agropecuario. Eso, la necesidad de obtener medidas concretas para los productores, explica el tono dialoguista y conciliador que aplican en la relación con Sergio Massa.
El ministro de Economía les ha prometido anunciar algunos paliativos antes del 1 de febrero. Quedan pocos días y por eso este jueves se realizó una nueva reunión “técnica” en la que se pasó el tamiz a todos los planteos impositivos y crediticios hechos por los ruralistas, en la que además de funcionarios de Agricultura participó la AFIP y el Banco Nación. Cuando terminó, el secretario Juan José Bahillo prometió que la decisión final del paquete contra la sequía se adoptará este fin de semana.
¿De qué medidas estamos hablando? Bichos de Campo estuvo conversando con los titulares de CRA, Jorge Chemes, y de Coninagro, Elbio Laucirica, además de con el secretario de la Sociedad Rural, Carlos Odriozola, que participaron junto a sus equipos técnicos de la reunión. Todos ellos salieron satisfechos con el tono “técnico” que tomó la negociación con los organismos y ven “factible” que haya respuestas positivas a varios de sus planteos. Las necesitan también, no solo como ayuda concretar a sus representados sino también para acallar las críticas de algunos sectores díscolos del propio ruralismo que los acusan de haber arriado banderas históricas, como la eliminación total de las retenciones.
Revisemos entonces los principales puntos de negociación con Economía:
- Los ruralistas exigen que se deje sin efecto los Anticipos de Ganancias, que ya se comenzó a cobrar por parte de la AFIP incluso a productores que no tendrán ganancias este año debido a los daños provocados por la sequía sobre sus cultivos o sus rodeos ganaderos. El razonamiento de las entidades es que no corresponde cobrar esos anticipos que se calculan en base a las liquidaciones del año previo. Argumentan que hacerlo significará restar capital de trabajo a los productores y que podría hacerse fácil, con una simple resolución de AFIP.
- Lo mismo sucede con los saldos técnicos del IVA que se conforman por la diferentes tasas aplicadas en algunas cadenas productivas. Se pide concretamente que se acelere la devolución de los mismos para que los chacareros puedan utilizarlo en la reconstrucción de sus economías. Una alternativa para “liberar” esos saldos es permitir que puedan ser utilizados para pagar otras contribuciones, como los aportes patronales.
- A la AFIP se le pidió concretamente que no haya intimaciones o bloqueos contra los productores afectados por el fenómenos climático, al menos durante los periodos en que dure esta emergencia agropecuaria.
- Se exigió que haya un pedido concreto y tangible de Massa a los gobernadores de las provincias para que hagan lo propio con Ingresos Brutos y con el impuesto inmobiliario rural, para que al menos no se establezcan fuertes subas de esos tributos que sigan descolocando a los productores.
- Uno de los reclamos pendientes -y que incluso Bahillo se había comprometido hace varios meses a resolver- es que el Banco Central elimine dos de sus disposiciones agresivas con el sector, y en especial con los productores que han decidido retener parte de sus cosechas de soja o maíz superiores al 5%. Actualmente el BCRA prohíbe a los productores que no hayan vendido más del 95% de su cosecha acceder a programas crediticios con tasas bonificadas.
- En materia de financiamiento, obviamente que se espera que el Banco Nación y si es posible otros bancos pongas a disposición de los productores afectados líneas de capital de trabajo a tasa cero o la más baja posible, de modo de permitir la recuperación productiva de los predios.
- En materia ganadera, el ruralismo reclama que los créditos para la compra de vientres dejen de exigir una garantía hipotecaria, para pasar a ser prendarios, tomando las vacas adquiridas como garantía. Cuando los funcionarios expusieron que además existen diversos Fondos de Garantía que podrían ser utilizados, el reclamo de los privados es que “se agilicen” los trámites de acceso, sobre todo para los criadores que “se descapitalizaron” al perder muchas vacas.
- Hubo un capítulo especial de las conversaciones dedicados a los arrendatarios (el 70% de la agricultura se hace sobre campos alquilados) y los contratistas, que han incurrido en un elevado endeudamiento que ahora -si no obtienen producción- no podrán enfrentar. Aquí también se pidió quitar retenciones de IVA, pero sobre todo se enfatizó en la necesidad de que la banca pública pueda ayudarlos a renegociar sus pasivos con nuevos créditos.
- Otro caso especial es el de los pequeños productores que no estpán bancarizados. En este caso se pidió replicar a nivel nacional una exitosa experiencia realizada en Entre Ríos, provincia que incluso puso su coparticipación como garantía de préstamos direccionados a ese segmento de productores a través ya no de los bancos sino de las cooperativas. En ese esquema, serían estas entidades las que recibirían del crédito oficial y lo redistribuirían a a través de “planillas referenciales”.
- Hay un punto relevante que las entidades plantearon pensando ya en remontar las pérdidas en la campaña agrícola 2023/24: como no habría dinero disponible, se propuso abaratar el costo de algunos insumos suspendiendo el IVA cobrado a las importaciones de fertilizantes, semillas forrajeras o agroquímicos.
- Se habló largamente sobre las deficiencias de la actual Ley de Emergencia Agropecuaria, que depende de la declaración provincial y que divide las situaciones en emergencias (cuando el daño a los cultivos o stocks es de más del 50%) y en desastres (cuando el daño es superior al 80%). Además de pedir celeridad en las declaraciones y homologaciones de dichas figuras, se habló de flexibilizar la norma de modo que también puedan recibir sus beneficios aquellos productores con daños inferiores al 50%.
- Hay muchos productores que ni siquiera tramitan sus certificados de emergencia agropecuaria porque si los presentan al Banco, estas instituciones les suspenden de inmediato la posibilidad de ingresar a otras líneas de crédito. En la jerga, les “suspenden las carpetas”. Se pidió especialmente que una cosa no imposibilite la otra, para que los productores afectados pro la sequía puedan a la vez acceder a otros beneficios.
- Finalmente, una propuesta concreta es que se cree una Comisión Nacional de Emergencia, que de seguimiento y haga efectivas muchas de estas medidas y que incorpore a otros organismos involucrados, como el Ministerio de Trabajo.
“Hoy se profundizaron estos temas y se habló en detalle sobre cada uno de ellos. Ahora hay que esperar a que los funcionarios se junten entre ellos y terminen de consensuar los puntos con Sergio Massa”, indicaron los dirigentes rurales que ingresaron al edificio de Agricultura, y que confían en que la reunión fue útil para despejar muchas de las dudas operativas (“a campo”) que tenían los funcionarios.
Obviamente en un tramo de la reunión, la Mesa de Enlace sacó a relucir sus reclamos históricos, como la eliminación de retenciones y de la brecha cambiaria, o que se liberen por completo los cupos de exportación de carnes vigentes hasta fines de 2023. Pero fue para mostrar que no arriaron ninguna bandera y que seguirán haciéndolas flamear ni bien pase esta emergencia.
