Esta semana la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) logró unificar al bloque kirchnerista (Unión por la Patria) con el PRO y la UCR, los cuales se negaron en conjunto a validar el proyecto de biocombustibles que cuenta con media sanción del Senado porque consideran que el capítulo referido a biodiésel debe ser reformulado.
La normativa vigente (Ley 27.640) establece un corte obligatorio de gasoil con biodiésel del 5%, que posteriormente fue elevado al 7,5% mediante el decreto 438/2022, mientras que el proyecto proveniente del Senado eleva el cupo al 10%, pero desregula el mercado, aunque en el marco de una fase de transición diseñada para las empresas no integradas, que son las que abastecen el 100% del cupo en la actualidad.
“Entendemos que Carbio tenga plantas inactivas por el cierre de los mercados externos y consideramos correcto que puedan participar del corte (destinado al mercado interno), pero siempre que eso no perjudique a las empresas integrantes de Cepreb”, dijo Federico Martelli, representante de Cepreb, a Bichos de Campo.
Amigos son los amigos: Kirchnerismo, PRO y UCR se unieron para frenar el proyecto de biocombustibles
Martelli dijo que el sector que representa pretende mantener el cupo actual del 7,5%, mientras que las empresas integrantes de Carbio deberían poder acceder al cupo incremental restante, que sería del 2,5%, ya que el proyecto con media sanción contempla un corte obligatorio del 10%.
“Dentro del corte asignado a las no integradas, aceptamos que haya competencia entre las empresas, mientras que las empresas de Carbio podrían competir dentro de su propio cupo”, indicó.
“Lo que pedimos es que se haga lo mismo con el bioetanol, donde el cupo base del 12% se reparte en partes iguales entre las plantas de maíz y las de caña de azúcar”, añadió.
La normativa vigente dispone que el cupo destinado al mercado debe ser abastecido por empresas elaboradoras “que, ya sea en forma directa o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas, no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”. Y determina que el cupo debe ser distribuido entre empresas que tengan una capacidad de elaboración anual de hasta 50.000 toneladas de biodiésel.
El texto con media sanción indica, en lo que respecta al cupo de las “no integradas”, que ninguna empresa o grupo económico podrá superar el 10% del mismo, lo que afecta especialmente al grupo Bahía Energía, que acapara casi un 30% del cupo total actual al controlar a las empresas elaboradoras de biodiésel Biobahía SA, Bio Ramallo SA, Biobin SA, Biocorbas SA, Refinabio SA y Biobal Energy SA.
“Si por el concepto de ‘grupo económico’ el grupo Bahía Energía tiene que desinvertir, estamos de acuerdo con eso, pero es necesario que las no integradas conserven su cupo, porque de lo contrario las plantas que tenga que vender Bahía Energía no van a tener interesados”, sostuvo Martelli.
Como alrededor del 20% del aceite de soja para elaborar biodiésel las empresas no integradas lo compran a extrusoras regionales (el 80% lo adquieren a grandes compañías oleaginosas), Martelli considera que segmentar el mercado con cupos para integradas y no-integradas le serviría al Estado para tener dos mercados de referencia.
“Además, somos un factor regulador del precio del aceite de soja, ya que al comprarlo en parte a extrusadoras locales, eso permite equilibrar el mercado”, consideró.
Martelli confía en el hecho de que el proyecto con media sanción será modificado en Diputados al contar con el apoyo de los bloques kirchnerista, PRO y UCR. Y no descarta que el cupo mínimo pueda ser elevado del 10% al 12,5%.
Cepreb representa a las elaboradoras de biodiésel no integradas radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, que en conjunto elaboran alrededor del 65% del producto utilizado en el corte obligatorio. El porcentaje restante corresponde a la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
