Este miércoles se suponía que el proyecto de biocombustibles, que cuenta con media sanción del Senado, tendría dictamen favorable en la reunión plenaria de las comisiones de Energía, Presupuesto y Agricultura de la Cámara de Diputados. Pero eso no sucedió.
Mientras que en el Senado la iniciativa promovida por el oficialismo (La Libertad Avanza) y los legisladores de las provincias que integran la “Liga Energética” (fundamentalmente Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy) contó con el apoyo del PRO y la UCR, en Diputados los integrantes de ambos partidos se “dieron vuelta” para pedir una revisión del proyecto junto al kirchnerismo (Unión por la Patria).
El motivo expuesto para no validar el dictamen consistió en rechazar el esquema propuesto para las denominadas “empresas no integradas” que participan del negocio del biodiésel.
La normativa vigente (Ley 27.640) establece un corte obligatorio de gasoil con biodiésel del 5%, que posteriormente fue elevado al 7,5% mediante el decreto 438/2022.
El proyecto con media sanción eleva el corte al 7,5%, además de subirlo a un 10% en el plazo de un año posterior a la sanción de la ley. Además, se establece un 5% adicional en el marco de la figura de “coprocesamiento”, que consiste en brindar la posibilidad a las petroleras de que procesen por su cuenta materias primas biológicas para elaborar biodiésel.
El proyecto establece un “período de transición” en el caso del biodiésel desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 1 de enero de 2036, el cual contempla inicialmente mantener el actual cupo del 7,5% para las empresas “no integradas” (que adquieren aceite de soja para elaborar biodiésel).
Pero ese cupo para las “no integradas” se reducirá al 6,5% desde el corte obligatorio del 10% hasta el 31 de diciembre de 2028. En 2029 y 2030 volverá a reducirse al 5,5% y 5,0%, respectivamente, mientras que a partir del 1 de enero de 2031 hasta el 1 de enero de 2036 se mantendrá en el 4,0%.
El texto con media sanción indica, en lo que respecta al cupo de las “no integradas”, que ninguna empresa o grupo económico podrá superar el 20% del mismo y además especifica que por “grupo económico” se entiende a todo el que haya ejercido “control o influencia significativa” al 31 de diciembre de 2025, lo que inhabilita la posibilidad de instrumentar “ingenierías” societarias con el propósito de sortear la barrera del 20%.
Eso afecta especialmente al grupo Bahía Energía, de la familia Bojanich, que acapara casi un 30% del cupo total actual al controlar a las empresas elaboradoras de biodiésel Biobahía SA, Bio Ramallo SA, Biobin SA, Biocorbas SA, Refinabio SA y Biobal Energy SA.
Casualmente, los principales opositores al proyecto de biocombustible fueron los diputados bonaerenses de las diferentes fuerzas partidarias. La diputada Karina Banfi, integrante del interbloque Fuerza del Cambio (conformado por el PRO, UCR, MID, José Luis Garrido y ella) lo definió claramente al indicar que pidieron “que se abra una mesa de negociación para ver la situación de la provincia de Buenos Aires, pero no porque consideremos que queremos tomar algún tipo de ventaja (sic) con respecto a los acuerdos del Senado, sino en la necesidad de cumplir como cámara revisora y entendiendo que los cambios afectan al sector de mi provincia y fueron incorporados a último momento y eso tiene un impacto”.
El subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Horacio Federico Veller, estuvo presente en la reunión para solicitar que se apruebe el dictamen para que la iniciativa pueda ser aprobada este año, de modo tal que, una vez reglamentada, comience a regir en 2027.
El funcionario resaltó que el proyecto contempla un marco diseñado para promover inversiones, incrementar la producción de biocombustibles y favorecer a los consumidores, por lo que pidió “confirmar la orientación” de la iniciativa proveniente del Senado sin cambios. También resaltó, junto a los legisladores de la LLA y de las provincias que forman parte de la “Liga”, que la iniciativa promueve un mercado desregulado que termina con la discrecionalidad vigente en materia de distribución de cupos y determinación de precios de venta de los biocombustibles.
“La Secretaría de Energía se convirtió en administradora de cupos y de precios, como si supiera de qué está hablando, cuando el que verdaderamente sabe cómo administrarlo es el privado”, alegó el subsecretario. “Tomen dimensión de que estamos ante un proyecto de ley que soluciona, que busca liberar las fuerzas que durante mucho tiempo estuvieron atadas y que no dejaron a la industria despegar”, resumió el funcionario.
Sin embargo, los diputados bonaerenses, sin importar el color partidario, mostraron un inusual abroquelamiento para rechazar el texto con media sanción y pedir una revisión del mismo.
“El tema principal acá es quién hace más lobby que otro y eso asusta”, dijo, con una mezcla de resignación y bronca, el diputado Andrés Laumann (LLA).
