La agenda del Congreso en el 2020 fue mayormente impuesta por el Poder Ejecutivo y contó con proyectos que se focalizaron en cuestiones ambientales sin promover incentivos económicos orientados a aumentar la producción.
Tal es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Fundación Barbechando, la cual –integrada por empresarios y profesionales del agro argentino– se dedica a realizar un seguimiento de las iniciativas legislativas con impacto en el sector.
La agenda agropecuaria este año tuvo una alta presentación de iniciativas vinculadas al resguardo del ambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. Un aspecto llamativo es que diferentes referentes del oficialismo y la oposición presentaron más de una decena de proyectos para la protección de los humedales.
Otros temas recurrentes fueron las iniciativas orientadas a beneficiar a diferentes economías regionales, el etiquetado de alimentos, la declaración de emergencias agropecuarias y, en menor medida, la promoción de programas de empleo.
“Merecen una mención aparte dos hitos del año que se tradujeron en una demanda legislativa: la expropiación de Vicentin SAIC y los hechos de vandalismo contra los silobolsas. En ambos casos, oficialistas y opositores se hicieron eco de la demanda de los productores y presentaron sus propias iniciativas para establecer una regulación”, remarcó el informe de la Fundación Barbechando.
Entre las iniciativas aprobadas que favorecen el desarrollo del sector se incluyen la prórroga por cuatro años del Régimen de Promoción de Biocombustibles establecido por la Ley Nº 26.093 y la extensión por un año más de la emergencia citrícola para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, además de un aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros.
La contrapartida de eso fueron dos leyes con un fuerte impacto negativo para el agro: el “impuesto a la riqueza” (aporte solidario extraordinario) y la modificación a la Ley de Manejo del Fuego que obliga a “congelar” por 30 años las actividades realizadas en campos afectados por incendios “provocados o intencionales”.
“Mientras tanto, este año hubo algunos avances con dictámenes de comisión de algunas leyes vinculadas al sector agropecuario, pero que aún no lograron su desembarco para el debate en el recinto. Quedaron en lista de espera la Ley de Humedales, la creación de un Observatorio de Agroquímicos, un Fondo Fiduciario para el INTA, el Registro de Fitosanitarios –incluido en sesiones extraordinarias–, un programa de agricultura familiar y economías regionales y la prórroga de la Ley Ovina”, apuntó el informe.
A pesar de la pandemia, hubo este año en la Cámara de Diputados 253 reuniones y 72 dictámenes, mientras que en el Senado tales cifras fueron de 227 y 145 respectivamente. Se aprobaron 65 leyes, mientras que en 2019 habían sido 39.
