Este viernes el Senado –que cuenta con mayoría oficialista– aprobó sin mayores inconvenientes el proyecto de reforma de la Ley de Manejo del Fuego (Nº 26.815) para convertirlo en ley.
El proyecto promovido por diputados del Frente de Todos, entre los cuales se incluyen Máximo Kirchner, determina que en casos de incendios “provocados o accidentales” de campos se prohibirá por un plazo de 30 años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”, además de la modificación de uso del establecimiento “con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.
Eso implica que en todas las zonas agropecuarias, ya sean praderas, pastizales o áreas agrícolas, luego de la extinción de un incendio –más allá de cual sea el origen– no se podrá, por el término de tres décadas, realizar en un campo afectado cualquier otra actividad agropecuaria que sea distinta al uso que la superficie tenía al momento previo del siniestro.
“Esto no resuelve el tema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Hay falta de conocimiento, están estigmatizando a los productores”, expresó durante el debate del proyecto el senador Alfredo de Angeli (Entre Ríos; Juntos por el Cambio).
En el mismo sentido, el senador correndtino Pedro Braillad Poccard (Juntos por el Cambio) indicó que no se entiende el sentido del proyecto “porque creo que el problema de los incendios tiene características y consecuencias distintas en cada región”.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio; Córdoba) dijo que al proyecto “lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los Tribunales porque el derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”.
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La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias alertó que la norma “pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, además de dar “por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia y condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
Los representantes de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) rechazaron “por completo” la iniciativa al considerar que la misma “denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental”.
