Hace años que el productor santiagueño Carlos Elías Llorvandi padece un fuerte dolor de cabeza. Pero lejos de requerir asistencia médica, lo que precisa es la resolución de una situación judicial que obstaculiza su producción y que, increíblemente, está próxima a cumplir 20 años.
“Soy productor agropecuario dedicado a la cría de bovinos. Hago esto de toda la vida. Estoy cerca de la ciudad de Frías, al sudoeste de Santiago del Estero. Por mi campo pasan dos electroductos, dos gasoductos y un oleoducto. Completito, no me falta nada”, dijo Llorvandi en conversación con Bichos de Campo.
Aquella breve presentación sirve para entender el conflicto que hace tiempo ocupa su atención. Por uno de los lotes de su propiedad, que posee una extensión de 704 hectáreas, pasan cinco servidumbres de paso.
Se tratan, explica Llorvandi, de espacios físicos dentro de un predio –con o sin mensura- donde empresas prestatarias de servicios tienen instalaciones, y sobre cuya superficie pesan “restricciones al uso del suelo”.
Según indica la legislación, las mismas contemplan la firma de Convenios de Servidumbre de Paso y el pago de cánones, dos cosas que en este caso no se vienen cumpliendo en su totalidad.
“Los contratos no tienen vencimiento, son a perpetuidad. En mi caso los heredé de mi familia. El sentido es que si se vence, yo no puedo pedir que levanten una obra o que corran una ruta. Y el canon también debería ser a perpetuidad. Es algo anual, que se establece casi en forma arbitraria”, indicó el productor.
Las firmas que hoy hacen uso de las tierras de Llorvandi son Transener, con el electroducto; Gasnor-Naturgy, con un gasoducto doble; y TGN con dos caños, uno para Refinor y otro para una línea eléctrica de media tensión.
“Al momento me faltan convenios con TGN, por obras que están y otras que hicieron y quedaron en desuso. Tampoco consigo que Gasnor firme. Ahí tengo que accionar con juicio sí o sí. A pesar de los reclamos, la dilación va de los 14 a los 18 años”, detalló el ganadero.
En cuanto al pago de las servidumbres, algunas firmas cumplen y otras le ofrecen montos por demás desactualizados.
“Cuando yo le compré esta parte del campo a mi hermano, con lo que me pagaban por un caño de TGN, el de Refinor y el de Naturgy, dividido los 12 meses del año, yo sacaba en promedio el valor de una jubilación mínima. Ahora no llego ni a un tercio de eso”, lamentó Llorvandi.
Y añadió: “Es toda una pantomima. Hacen que negocie en forma particular el propietario con la prestataria. Si no nos podemos de acuerdo, Energas debe laudar pero por ley tiene un tope. Así que en el peor de los casos, tenés un tope que te pone el Estado en arreglo con la compañía”.
De más está decir que negarse no es opción. El santiagueño lo intentó una vez, previo a la instalación del segundo caño de TGN, y la empresa acudió al campo con dos policías, un abogado, un testigo y un juez de paz, que le obligaron a permitir el paso.
Como si esto fuera poco, el ganadero sumó otros dos efectos no deseados. El primero fue la remoción del monte que había en el lugar, algo contemplado dentro de los “daños inevitables” de la obra pero para nada buscado por Llorvandi.
El segundo forma parte de los “colaterales” de los que nadie parece hacerse cargo.
“Yo estoy sobre la ruta. Al fondo de mi campo pasa otra y se arma un rulo. Por allí entran personas a cazar, que nos carnean animales e incluso nos roban. Ahí tenemos una fábrica de cal familiar, que está sin operar y de la que ya nos han robado chapas, puertas, ventanas, inodoros, cocinas, materiales. Incluso le han apuntado a un capataz mío, diciéndole que la tierra es del gobierno. Es todo un tema”, marcó el productor.
-¿Ve que sea posible darle alguna solución a este tema?- le preguntamos.
-Recién a partir del cambio de gobierno, hace dos años, pude activar un expediente que estuvo durmiendo por más de un año en Energas Córdoba. Respecto a los daños colaterales ya estoy resignado. A lo que si le veo solución, al menos por vía judicial, es a que me paguen los cánones que no me han pagado las dos empresas que hicieron las obras, así como los cánones por los daños y perjuicios anteriores. También espero que se firmen los convenios que están sin firmarse.
-¿Y pretende que se actualizan los montos pagados?
-En la demanda solicitamos la actualización. Pero hay que entender que los entes públicos están cooptados por gente que está hace veintipico de años ahí. Y muchos de los altos funcionarios de los entes son personas que las ponen las empresas. Están de los dos lados del mostrador.
Será “La Sin Querer” que mi padre nos contaba cuando era niño?